La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, del partido Alianza Verde, confirmó en la tarde de este lunes 9 de diciembre que presentó la ponencia a favor de la reforma tributaria por $11,5 billones.
A su vez, aclaró que, este martes 10 de diciembre, el proyecto será discutido en las comisiones económicas del Congreso. En ese orden, las comisiones fueron convocadas con el propósito del anuncio de la ponencia de la reforma tributaria, que se votaría el miércoles siguiente 11 de diciembre.
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Sin embargo, para los analistas la norma se hundirá porque el Gobierno no cuenta con los votos necesarios en las comisiones, especialmente, en aquellas del Senado.
“Los cálculos que estamos haciendo tienen en cuenta los $5,6 billones de adelanto de la regla fiscal, cerca de $3 billones por beneficios tributarios, ahí dan $8,6 billones. Más otros temas administrativos que se incluyeron de la Dian que generarán cerca de $2 billones, y otros que suman cerca de $1 billón, ahí están los $11,5 billones”, explicó la congresista.
También reveló que se incluyó un impuesto para los juegos de azar en el incremento de ganancia ocasional.
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Este monto va en línea con lo que dijo esta tarde el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a la agencia Reuters, cuando expresó que no era viable tramitar ante el Congreso la reforma tributaria por $12 billones, pero aseguró que sería por un monto inferior.
Vale recordar que este proyecto pretendía asegurar un recaudo de $12 billones en un principio, según el Ministerio de Hacienda, luego bajó a $11,8 billones para completar el financiamiento del Presupuesto General de la Nación para 2025.
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Al hacer cuentas, más de la mitad de los congresistas de las comisiones económicas estarían en contra del proyecto, pero todavía falta afinar los números.
Cada comisión económica del Congreso vota para decidir si aprueba o rechaza la propuesta, pero basta con que una sola la niegue para que todo el proyecto se venga abajo. La oposición tiene puestas sus esperanzas en los legisladores de las comisiones tercera y cuarta del Senado, que hasta ahora han seguido al pie de la letra las decisiones de sus bancadas.
En la Cámara de Representantes, aunque partidos como el Conservador y el Liberal cuentan con una buena cantidad de congresistas, algunos miembros no se han mostrado tan alineados con las directrices de sus partidos, y su voto podría inclinarse a favor del proyecto fiscal.
En el Senado, las cuentas indican que habría nueve votos en contra, justo los necesarios para tumbar el texto.
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La propuesta, que se encuentra para su primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, incluye una serie de medidas que pretenden aumentar la recaudación de impuestos y fortalecer la fiscalización del sistema tributario. Entre los puntos clave se destacan:
1. Aumento de la sobretasa al petróleo y al carbón: Esta medida busca un mayor aporte de los sectores extractivos, justificándose en su alta rentabilidad y su dependencia de recursos no renovables. La sobretasa se define en función del valor de los commodities, por lo que no se generaría en periodos de precios bajos.
2. Reducción gradual del impuesto de renta para personas jurídicas: La propuesta contempla una disminución progresiva de la tarifa de renta corporativa, que pasaría del 35% actual a un rango entre el 27% y 33% según el tamaño de la empresa, excluyendo al sector extractivo.
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3. Impuesto al patrimonio con umbral reducido: Se propone disminuir el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que implicaría que más contribuyentes estarían sujetos a este impuesto.
4. Impuesto al carbono con gradualidad para el carbón: La tarifa del impuesto al carbono se aplicaría gradualmente para el carbón, siendo del 0% en 2023 y 2024, del 75% en 2025 y alcanzando la tarifa plena en 2026.
5. IVA del 19% para juegos de azar en línea: Se busca gravar con IVA los juegos de suerte y azar operados por internet, argumentando que las empresas que facturan grandes sumas no están pagando este impuesto.
6. Eliminación del Régimen Simple de Tributación: Se plantea eliminar este régimen, argumentando que no ha cumplido con las expectativas de formalización ni incentivado el uso de la factura electrónica.
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