El hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro marca un capítulo de alta tensión política y económica, porque pone contra las cuerdas la inversión y los gastos del presupuesto del 2025. ¿Con qué plata se financiará?
En un desenlace que tomó por sorpresa a muchos, las comisiones económicas conjuntas del Congreso archivaron la iniciativa que buscaba tapar un desfinanciamiento de $12 billones en el presupuesto de 2025, aunque la meta de MinHacienda era de $9,8 billones al retirar el polémico impuesto a juegos de azar y apuestas en línea, con el que recaudaría $2 billones, tras presión y lobby en las comisiones.
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“Este no es un voto en contra del presidente Petro, se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al Presupuesto General (de $523 billones)”, expresó Diego Guevara, nuevo MinHacienda.
El revés no solo golpea las finanzas del Ejecutivo, sino que también pone en jaque programas clave para el próximo año, que desde ya han sufrido ‘el tijerazo’ como subsidios de vivienda, vías, Icetex y Prosperidad Social.
“Con esta decisión se afecta directamente a los más pobres y a las clases medias. Cerca de 26 sectores no tendrán presupuesto de inversión”, advirtió Alexander López, director de Planeación Nacional.
El hundimiento de la reforma también deja un problema urgente: la necesidad de firmar el Presupuesto General de la Nación para 2025, con esa brecha fiscal.
La legislación establece que este debe ser expedido a más tardar el 30 de diciembre, lo que obliga al Gobierno a buscar nuevas estrategias. Ya Guevara, antes de hundirse el proyecto, había dicho que, si no pasaba la reforma, tendrían que hacer un ajuste en los montos, “pero el 2025 tendrá un mayor nivel de crecimiento económico y con ello esperamos un mayor recaudo”.
Incluso, el nuevo ministro de Hacienda anticipó que el Ejecutivo sí hará esos ajustes en los montos previstos. “Haremos un análisis con el presidente Petro para buscar opciones responsables y sostenibles. La estabilidad macroeconómica sigue siendo nuestra prioridad”, indicó Guevara.
Dentro de ese análisis para buscar ese plan B, Guevara anticipó que buscarán los compromisos que tiene este gobierno con la deuda y con el manejo prudente de las finanzas. “Será un análisis que haremos, vamos a hacer ya una sesión con todo el alto gobierno que nos acompaña”.
El panorama luce sombrío. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Gobierno deberá recortar al menos $37 billones del presupuesto para cumplir con la Regla Fiscal. Esto incluiría ajustes en subsidios, programas sociales y proyectos de inversión, agravando el impacto en las regiones.
Con el rechazo del Congreso, el Gobierno enfrenta un dilema crucial. Sin la ley de financiamiento, la administración de Petro deberá decidir entre implementar un programa de austeridad o buscar alternativas para incrementar los ingresos.
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El nuevo escenario también reaviva el debate sobre el gasto público. Para el director de Fedesarrollo, la verdadera urgencia del Ejecutivo radica en controlar un gasto excesivo que supera la capacidad de generación de ingresos.
“La Ley de financiamiento era inoportuna, inconveniente y desviaba la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda: la necesidad de realizar un recorte cercano al 7% en el presupuesto del próximo año”, precisó Mejía.
La situación se agrava por la presión de cumplir con la Regla Fiscal, una de las principales garantías para mantener la confianza de los mercados internacionales.
La decisión del Congreso desató una ola de reacciones. Desde el Gobierno, las críticas fueron contundentes. El presidente Petro calificó el rechazo como “un golpe al pueblo colombiano”. Alexander López, de Planeación Nacional, afirmó que la oposición actuó con “irresponsabilidad”, al dar la espalda a programas de inversión social.
Por otro lado, el empresariado celebró el hundimiento. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó la necesidad de disciplina fiscal. “Esta propuesta afectaba la reactivación económica, la inflación y a las empresas”, sostuvo. Otros analistas, como José Ignacio López, de Anif, señalaron que la reforma habría puesto en riesgo la regla fiscal y la sostenibilidad económica del país.
“Una propuesta que era inconveniente para el país e iba a poner en apuros al propio Gobierno en 2025 con $12 billones de compromisos de gasto que iban a quedar desfinanciados con este proyecto, de poco recaudo”, detalló López.
Desde el inicio del debate, la reforma enfrentó un panorama sombrío. Los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron su oposición, asegurando que el proyecto era inviable.
La salida del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no bastó para ganar respaldos. Ni siquiera la llegada de Diego Guevara, su reemplazo, pudo salvar el proyecto.
El hundimiento de la reforma también afecta directamente a programas sociales clave porque el Gobierno dice no tener plata, infló las cuentas de recaudo tributario, aumentó el gasto de funcionamiento y la inversión está rezagada. Entonces, subsidios de vivienda, servicios públicos y apoyo al deporte y la cultura están en riesgo.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, advirtió que ya no se podrá cubrir la deuda de la Opción Tarifaria, afectando a los usuarios de energía. “El Congreso les propina un duro golpe a los colombianos”, escribió en X. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, había condicionado previamente los giros del Icetex al éxito de la reforma. Ahora, el futuro de miles de estudiantes podría también verse comprometido, recalcó el funcionario.
En ese orden, el fracaso de la reforma tributaria también pone en entredicho la agenda fiscal del Gobierno Petro para el 2025. Este revés se suma a otros tropiezos legislativos y evidencia la fragilidad de las coaliciones en el Congreso. Además, la falta de respaldo a medidas tributarias clave limita las posibilidades del Ejecutivo para cumplir con sus metas de inversión social y desarrollo.
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