Después del hundimiento de la ley de financiamiento que impulsaba el presidente Gustavo Petro, los gremios de gas y energía pidieron una reunión de urgencia con el Gobierno. Quieren poner sobre la mesa las consecuencias de la no aprobación del articulado.
Aseguran desde ya que, con el hundimiento, podría estar en riesgo la prestación de los servicios para los estratos 1, 2 y 3.
La cita fue pedida al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho y al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. La carta fue firmada por Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia.
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Las empresas esperan que con esta reunión puedan definirse soluciones para la liquidez de las empresas comercializadoras y su futuro en el sector energía en Colombia.
“El archivo de esta iniciativa y los anuncios posteriores generan una gran incertidumbre sobre dos temas fundamentales para el sector y los usuarios: el pago de la deuda de la opción tarifaria y el oportuno giro de los subsidios para los servicios energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2024 y la apropiación presupuestal correspondiente de los recursos requeridos para 2025”, se lee en la carta.
El naufragio de la ley de financiamiento abrió un capítulo de tensión económica y política en el país. Este 12 de diciembre las comisiones económicas conjuntas del Congreso archivaron la iniciativa que buscaba tapar un desfinanciamiento de 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación del 2025.
La meta de MinHacienda, después, se redujo a $9,8 billones al retirar el impuesto a juegos de azar y apuestas en línea (de $2 billones) tras presunta presión y lobby en las comisiones.
El senador Miguel Uribe y el representante Christian Garcés fueron los encargados de señalar los inconvenientes de la reforma y aseveraron que afectaba aún más la economía.
“La ley de financiamiento no es conveniente, está diseñada para desincentivar la formalización empresarial, elevar la carga tributaria sobre las personas naturales, erosionar inversión y el ahorro”, señaló Uribe.
Como consecuencia de haberse tumbado este proyecto, el Ministerio de Hacienda tendrá que aplazar parte del Presupuesto General de 2025 por $523 billones.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el recorte no se hará en los programas sociales del Gobierno, ni en los subsidios y dio nociones de para dónde irán sus políticas en el corto plazo.
*Un ajuste presupuestal para cubrir el déficit de subsidios de la vigencia de 2024 y garantizar su inclusión en el presupuesto de 2025.
*Implementar un mecanismo como la titularización de la deuda y la expedición de certificados para gestionar respaldos financieros.
*Analizar alternativas para el cruce de impuestos entre empresas y Gobierno.