El 2024 se despidió con cinco exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro en la cárcel por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
(Por contexto, lo invitamos a leer: La caída de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial señalada como 'mensajera' de la corrupción en caso UNGRD)
Ellos son Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones; Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento, y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la UNGRD.
Para el 2025, se espera que la Fiscalía avance en las imputaciones contra otros actores que han sido salpicados: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quienes aparecen mencionados en la acusación matriz.
(Le sugerimos leer: Sandra Ortiz y los demás salpicados por escándalo de la UNGRD que están en la cárcel)
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema también deberá definir si acusa y llama a juicio formalmente al expresidente del Senado, Iván Name; al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y a los congresistas que hicieron parte de la Comisión de Crédito Público: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Manrique. Así como al excongresista Juan Muñoz.
Nicolas Petro, fue diputado por Atlántico. Foto Vanexa Romero/ETCE Vanexa Romero/ El TiempoContinúa el proceso de Nicolás Petro
Tras ocho aplazamientos y cambio de abogados, en enero de 2025 se reanudará la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, por presuntamente haberse apropiado de millonarios aportes que terceros le confiaron para la campaña presidencial de su padre en 2022.
(De seguro le interesa leer. Caso Nicolás Petro: Fiscalía enlista en el juicio las pruebas que tiene contra el exdiputado)
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Petro Burgos no tendría cómo justificar en su patrimonio 1.053 millones de pesos. El exdiputado y su pareja Laura Ojeda han denunciado amenazas y “discursos de odio” en contra de ellos y su pequeño hijo. Petro Burgos pidió 59 testigos para defenderse.
Inicia el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe
El próximo 23 de enero, inicia el juicio contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un conocido caso que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda y en el que fue acusado por la Fiscalía de haber tratado de torcer testimonios de paramilitares en las cárceles del país en 2018.
La acusación, en tiempos de la fiscal general Luz Adriana Camargo, cobró relevancia luego de que el ente acusador, en la administración de Francisco Barbosa, pidiera en dos ocasiones la preclusión de su caso.
(Lea también: El ABC del proceso contra Álvaro Uribe: ¿qué alcance tiene su retiro de la audiencia y la tutela que pondrá su defensa?)
El juicio iniciará a contrarreloj por el término de prescripción del proceso: si la justicia no emite un veredicto definitivo antes del 8 de octubre, el caso contra el expresidente será archivado.
Se desarrollaron actividades de búsqueda y rescate. Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.Nuevos aviones de combate y operación Perseo
Este año EL TIEMPO anticipó, mucho antes de que el presidente Gustavo Petro lo anunciara, la intención del Gobierno de renovar los aviones de combate Kfir, que ya cumplieron 50 años. La cifra de la negociación se mantiene en reserva.
Se sabe que hay cuatro firmas opcionadas: Lockheed Martin de Estados Unidos, con sus F-16; Dassault Aviation de Francia, con su Rafale C/F3; Saab de Suecia con su Gripen; y Eurofighter, consorcio europeo, con su caza Eurofighter Typhoon.
(Le sugerimos leer: Las fortalezas de los tres aviones de combate que compiten por quedarse con el millonario contrato para cambiar los Kfir de la FAC)
También se avecinan retos para la Fuerza Pública como darle continuidad a la operación Perseo en el Cauca, una de las regiones más afectadas por las disidencias de ‘Iván Mordisco’, además de consolidar la presencia de los uniformados en los territorios
Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, en La Escombrera. JEPFallo pensional y cambia media Corte
La Corte Constitucional avanza en el estudio de decenas de demandas que piden tumbar la reforma pensional, impulsada por el gobierno Petro, que incorpora un sistema de pilares y la afiliación de todos los colombianos al fondo de pensiones estatal.
Si nada extraordinario ocurre, el primer fallo que adoptarán sobre la materia será del magistrado Jorge Ibáñez, que asumirá la presidencia del alto tribunal en 2025. La decisión será antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, el próximo 1.º de julio.
A propósito del alto tribunal, el próximo año se renovará la mitad de la Corte. Culminan sus periodos el presidente saliente José Fernando Reyes (septiembre) y las expresidentas Diana Fajardo (junio) y Cristina Pardo (mayo). En febrero también saldrá el expresidente Antonio José Lizarazo, quien ya tiene reemplazo, pues el Senado eligió en noviembre a Miguel Polo Rosero, el exmagistrado auxiliar del alto tribunal, considerado un jurista conservador, que fue ternado por el Consejo de Estado.
Asimismo, en el Consejo de Estado también se decidirán las demandas contra las intervenciones ordenadas por la Superintendencia de Salud contra varias EPS y sobre el decreto del Gobierno que destinó el 5 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Las primeras sentencias con sanciones de la JEP
El magistrado Alejandro Ramelli se estrenó el pasado noviembre como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada con el Acuerdo de Paz de 2016.
Se espera que en 2025, ocho años después de su entrada en funcionamiento, la JEP profiera su primera sentencia, que estaría relacionada con una de las cuatro resoluciones de conclusiones que han dictado: la del caso de 22.000 secuestros contra el último secretariado de las Farc o las de los ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe, Dabeiba (Antioquia) y Norte de Santander contra militares.
Aunque se han denunciado dificultades, las víctimas tienen grandes expectativas por esas primeras sanciones propias contra los máximos responsables del conflicto.
(De seguro le interesa leer: El pulso político por La Escombrera y la Operación Orión: estas son las verdades judiciales)
Presidente Gustavo Petro y procurador electo Gregorio Eljach. Wilfredo Amaya/Procuraduría20 años de Justicia y Paz, con reforma a la justicia
La Ley 975 de 2005 que impulsó a Justicia y Paz, el primer sistema de justicia transicional que adoptó el país, cumplirá en julio 20 años.
Bajo sus reglas, se postularon 4.494 paramilitares de manera colectiva y 509 de manera individual (aunque también hubo integrantes de las Farc y el ELN). Dos décadas después, el considerado antecedente de la JEP sigue sus investigaciones y ha proferido 90 sentencias contra 856 ‘exparas’.
En 2025, también seguirá el trámite de la reforma a la justicia impulsada por la fiscal general, la Corte Suprema de Justicia y la ministra de la misma rama. Pretende fortalecer la justicia premial y desmontar las reformas que desdibujaron al Sistema Penal Acusatorio, que también cumple en enero de 2025 dos décadas de estar en funciones.
Gregorio Eljach se estrena en la Procuraduría
El primer hito judicial del 2025 será el inicio de funciones del nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien se posesionó de manera simbólica el 20 de diciembre en la capital de La Guajira, departamento en el que se crió, en una ceremonia liderada por el presidente de la República Gustavo Petro.
Eljach fue ungido por el jefe de Estado tras una postulación frustrada ante la Corte Suprema de Justicia.
(Podría ser de su interés leer: El presidente Petro posesionó en acto simbólico a Gregorio Eljach en el cargo de procurador general)
El nuevo jefe del Ministerio Público tendrá un gran reto con la vigilancia de los senadores que lo eligieron con 95 votos y con los que, además, compartió durante 12 años en el poderoso cargo de secretario general de esa corporación. También deberá fijar su posición sobre los derechos políticos de los electos por voto.
Redacción Justicia
En X: @JusticiaET