A partir de enero de 2025 el salario mínimo en Colombia tendrá un aumento de 9,54%: esto representa $1.623.500, incluidos los $200.000 del subsidio de transporte. La decisión, que la tomó finalmente el Gobierno Nacional tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre empresarios y sindicatos, generó algunas preocupaciones por los efectos que esto podría en materia económica para el país.
Las razón es que no se esperaba que el alza se diera por más de 4 puntos porcentuales respecto a la inflación proyectada para 2024 (de 5,2%), por lo que la decisión del presidente Gustavo Petro ha sido motivo de diversos debates: unos a favor, apelando a los derechos de los trabajadores; y otros en contra, argumentando los costos que tendrán que asumir las empresas y la informalidad.
Y es que la discusión técnica del mínimo se suele componer de dos factores clave: la inflación total anual esperada de 2024 y la mejora que haya mostrado la productividad, medida por el Departamento Administrativo de Estadística (Dane) en la Productividad Total de Factores (PTF).
La inflación refleja el aumento general de los precios de bienes y servicios, lo que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. De no considerarse lo anterior, estos perderían capacidad de compra, con un efecto colateral negativo en calidad de vida.
La productividad, por su parte, mide la eficiencia en la producción de bienes y servicios. Un aumento en la productividad indica una mayor generación de valor, lo que justifica un incremento en los salarios.
Según explicaron los analistas de Bancolombia, un ajuste salarial que coincida con la agregación de estos dos elementos es aquel que compensa la capacidad de generación de valor agregado de los trabajadores mientras se mantiene su poder adquisitivo de partida (se corrige por inflación). Así, dijeron, sería un ajuste que no generaría presiones inflacionarias y hace que sea la referencia de un incremento ‘teórico’ deseable.
Ahora bien, desde un punto de vista histórico, los analistas indicaron que el incremento del mínimo ha sido generalmente superior a esa referencia teórica deseable. El promedio prepandémico de ajuste anual total del salario fue de solo 5,6%, mientras que en los cuatro años más recientes el promedio registrado ha sido de 10,4%.
“Esto se ha explicado por los elevados niveles de inflación recientes. Sin embargo, también se han tomado decisiones de ajuste por encima del teórico deseable más acentuadas. Desde 2020, el incremento promedio ha sido 2,91 puntos porcentuales (pp) superior a la teoría, con el dato más alto registrado en la decisión tomada en la administración de Iván Duque en 2023, con un aumento de 4,66 pp por encima del referente teórico”, agregaron.
De esta manera, en la medida en que se anticipa un cierre de inflación de 5,2% para el total de 2024, y la estimación del Dane de la PTF, que fue de 1,73%, se esperaba un incremento de 7,03% para el próximo año; pero, con el aumento de 9,54%, que superó las expectativas, los economistas prevén que se generen presiones adicionales sobre la inflación, lo que se exacerbaría con las reducciones a la jornada laboral y el alza en los costos laborales para las empresas.
El debate sobre la inflación
La meta del Banco de la República para el 2025 es llegar a una inflación de 3%, aunque de una manera más lenta, debido a presiones alcistas sobre la tasa de cambio y su traspaso a los precios.
Pero lo anterior se proyectaba sobre la base de que ese 3% de inflación se lograría con un salario mínimo cercano al 6,1%. Por esto, para el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, en la medida en que la brecha entre el ajuste definido para 2025 y el deseable teórico es de 251 puntos básicos (pb), la presión inflacionaria potencial sería del rango entre 23,8 y 36,1 pb.
“Una cifra que luce desafiante a la luz del fuerte choque inflacionario que hemos vivido recientemente. Esta decisión sugiere unas mayores presiones alcistas sobre la perspectiva de la inflación, lo que podría moderar el ritmo de convergencia hacia el rango de tolerancia el BanRep en 2025”, anotaron.
De la misma manera, los analistas del Banco de Bogotá también estiman presiones alcistas en la inflación, dado el fenómeno de indexación y los mayores costos de los servicios intensivos en mano de obra.
Entre tanto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recordó cómo el porcentaje que se decretó en 2022 (10%), similar al que regirá en 2025, “generó efectos negativos en el mercado laboral y los precios, al aumentar la inflación durante ese año y el siguiente (...) El aumento del salario mínimo para 2025 es de los más altos del siglo en términos reales”.
Sobre la informalidad y el empleo, una de las críticas las hizo la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), argumentando que este ajuste está por fuera del presupuesto de las pequeñas y medianas empresas del país, que proyectaban un aumento del mínimo cercano al 7,5% como máximo.
Rodolfo Correa, presidente del gremio, y quien formó parte de la mesa de negociación, manifestó que esta decisión va elevar los costos laborales por encima de la productividad, lo que generaría que se creen menos empleos. Mencionó que esto disparará la informalidad, “que ya está superando 60% de la población”, y que en Colombia solo 3,7 millones de personas ganan un mínimo.
Bajo una mirada similar, desde el Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana consideraron que este ajuste solo le aplicará al 17% de los trabajadores de Colombia.
“El aumento del salario mínimo solo le aplica al 14% que gana exactamente el mínimo; a menos del 1% que ganan más de 10 salarios mínimos y tienen salario integral; a los empleados públicos (más de 500.000) que no negociarán un incremento menor, y a los congresistas y altos funcionarios del Estado. El restante de los empleados, es decir, el 83%, “estaría viviendo entre la informalidad, precariedad y aumentos menores”, argumentaron.
Ahora, desde la otra orilla consideran que es falso que este aumento lleve a más pobreza y desempleo. Mateo Hoyos, investigador colombiano en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) de México, señaló que estudios sobre un aumento real del 11% en el salario mínimo en Colombia han mostrado que salarios formales e informales subieron y no hubo efectos negativos en el empleo formal.
“Esto sugiere que los ingresos de los más pobres sí podrían mejorar tras un alza en el mínimo, sin aumentar informalidad. Aunque este caso es específico (inflación en 1999 fue menor que la esperada), ilustra que los aumentos al mínimo podrían ser deseables para la equidad. Tal vez vale la pena mantener la mente abierta y combinar teoría con más evidencia empírica”, precisó.
A su turno, Enrique Correa De La Hoz, socio fundador del Centro de Estudios Laborales Correa de la Hoz y doctor en Derecho del Trabajo, recalcó que experiencias internacionales muestran resultados positivos.
“En Brasil, los incrementos reales del salario mínimo durante el gobierno de Lula da Silva redujeron la pobreza extrema y mejoraron la distribución del ingreso. En México, aumentos del 78% en el salario mínimo, entre 2018 y 2023, disminuyeron la pobreza laboral, fortaleciendo la capacidad de consumo sin afectar la estabilidad económica. En Colombia, los incrementos reales y significativos del mínimo son necesarios para combatir la pobreza laboral y dinamizar la economía”, comentó.
Añadió que al fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, se dinamiza el consumo interno y se impulsan sectores clave como los alimentos, el comercio y los servicios.
Pero desde el análisis de Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, un informe en el que compararon 10 años de estadísticas arrojó que “los aumentos del mínimo solo han servido para atrapar a más trabajadores en exactamente el mínimo. No ha logrado que los que ganen menos logren subir en la escala y todos ganamos menos mínimos”.
La razón es que en 2013 el 41% de los trabajadores ganaba entre 1 y 3 salarios mínimos; pero en 2023 esa proporción cayó al 34%. “Hace 10 años apenas el 5% percibía exactamente el mínimo, hoy es el 11%. Este cambio refleja una creciente concentración de los ingresos en torno al salario, lo que indica que las mejoras salariales no se están extendiendo a los salarios mayores al mínimo. En consecuencia, cada vez más personas quedan ancladas en el mínimo”, sostuvo el estudio.
Finalmente, desde el Observatorio destacaron que esto ha hecho que los mercados laborales pierdan competitividad “al enfrentar una política que no ha sido pensada desde sus particularidades, sino impuesta desde Bogotá”.
“Estos hallazgos indican que la política de incrementos del salario mínimo, tal como se ha implementado, no ha cumplido el objetivo de mejorar las condiciones de la mayoría de los trabajadores, especialmente los más vulnerables”, puntualizaron.