Previenen a colombianos que viven en edificios: actividad común puede causarle una multa

Previenen a colombianos que viven en edificios: fumar puede causarle multa | Dicen cuáles son los motivos de esa disputa.

Residir en edificios o conjuntos obliga a las personas a tener ciertos comportamientos que deben encuadrarse en la ley de propiedad horizontal vigente.

Los conflictos que puedan darse en edificios o conjuntos residenciales deben resolverse de manera directa a través de los escenarios dispuestos para esa finalidad.

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Uno de los elementos que lleva a conflictos es el tema de los fumadores, ya que muchos edificios o conjuntos no tienen áreas amplias y abiertas para esa actividad tan común para muchos.

Nora Pabón, abogada experta en propiedad horizontal, contó a El Tiempo cuáles son los pasos a seguir para solucionar el conflicto en casos donde los residentes ya no aguantan el humo de sus vecinos fumadores.

“Se podrá solicitar a la administración que se activen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, consagrado en el reglamento y en la ley, y en caso de persistir esta situación, que se impongan las sanciones correspondientes, de acuerdo con el reglamento”, detalló la jurista en ese diario.

“El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana también establece medidas correctivas, en caso de que no se observen estas, y cobijan a las edificaciones de propiedad horizontal”, añadió la abogada en ese periódico.

De cuánto es la multa por irrespetar leyes de propiedad horizontal

En Colombia, las leyes de propiedad horizontal regulan la convivencia en edificios y conjuntos residenciales, y su incumplimiento puede acarrear serias sanciones. Las multas por irrespetar estas normas están contempladas principalmente en la Ley 675 de 2001, que establece los deberes y derechos de los propietarios y residentes. Cuando un copropietario o habitante infringe las normas del reglamento de propiedad horizontal, la asamblea general o el consejo de administración, en representación de la comunidad, puede imponer sanciones que van desde llamados de atención hasta multas económicas.

Estas multas pueden ser diarias y acumulativas, con el objetivo de presionar el cumplimiento de las obligaciones, y no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por infracción, salvo que el reglamento de propiedad horizontal prevea montos menores o un sistema distinto.

Además de las sanciones internas, si la conducta del infractor afecta la tranquilidad, salubridad o seguridad de la comunidad, la administración puede acudir ante la inspección de policía.

Allí se pueden imponer sanciones adicionales como comparendos, órdenes de desalojo temporal o incluso medidas judiciales si la situación se agrava. En casos extremos, las acciones pueden escalar a demandas civiles por daños y perjuicios. Estas medidas buscan proteger la armonía y el respeto mutuo dentro de la vida en comunidad.

Cuáles son las leyes que regulan a edificios y conjuntos en Colombia

En Colombia, la propiedad horizontal está regulada principalmente por la Ley 675 de 2001, la cual establece el marco legal para la organización, funcionamiento y convivencia dentro de edificios o conjuntos sometidos a este régimen. Esta ley aplica tanto a inmuebles residenciales como comerciales o mixtos que comparten bienes y servicios comunes. Su objetivo principal es garantizar una convivencia armónica entre los copropietarios, así como definir claramente los derechos y deberes de cada uno, tanto sobre sus bienes privados como sobre las áreas comunes.

También se establecen normas sobre la constitución legal de la propiedad horizontal, el reglamento interno, la asamblea general, el consejo de administración, el administrador y la manera en que se toman decisiones colectivas.

La Ley 675 incluye disposiciones sobre la financiación de los gastos comunes a través de cuotas mensuales, el uso adecuado de zonas comunes, la solución de conflictos internos, y el proceso para imponer sanciones por infracciones.

Además, estipula cómo deben llevarse los libros contables y administrativos, y promueve la transparencia en la gestión de los recursos de la copropiedad. Esta legislación busca equilibrar los intereses individuales con el bienestar colectivo, protegiendo tanto la propiedad privada como la sana convivencia dentro de los espacios compartidos.

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