Una vez más, el país se sorprende por los enormes huecos en nuestro sistema penal, que terminan dando pie a gabelas indebidas y a la burla de los intereses de toda la sociedad en beneficio de los poderosos de la criminalidad.
Óscar Camargo Ríos, el capo del narcotráfico en Bucaramanga y su área metropolitana, conocido con el alias de Pichi, completa ya una semana larga de estar huyendo de la justicia. Fiscales, autoridades civiles y jueces se han enfrascado en una estéril polémica acerca de las responsabilidades en este escándalo. Pero lo único cierto es que el delincuente más temido de Santander terminó beneficiado con la absolución de los principales cargos en su contra, luego, la Fiscalía aceptó una polémica negociación en la que le dio casa por cárcel. Cuando este acuerdo se materializó, 'Pichi' terminó burlando primero las medidas de restricción de la libertad y después desapareciendo, al saber que su recaptura era inminente.
Pero no es el único caso reciente. Este diario reveló que Elkin Fernando Triana Bustos, uno de los fundadores de la temible banda de 'los Triana', recibió un dudoso permiso de detención domiciliaria por ser cabeza de familia y, a pesar de que hace más de dos años un juez ordenó que volviera a La Picota, sigue disfrutando de su estadía en un lujoso condominio de Bogotá.
Se requieren proyectos que reflejen la realidad deun país con organizaciones criminalescon enorme capacidad de corrupción.
Y no son situaciones nuevas. La facilidad con la que avezados criminales logran convencer a los operadores judiciales para obtener beneficios que se demoran años para la mayoría de reclusos del país, y la falta de control, cuando no inoperancia, del Inpec para ejercer vigilancia real y efectiva de los detenidos, tanto dentro como fuera de las cárceles, representan ya un problema endémico. Historias como las de 'Cesarín', capo de la máquina de muerte conocida como la 'Oficina de Envigado', que en el 2014 escribió una historia idéntica a la de 'Pichi'; la de la 'Gata', que murió blindada por conceptos médicos que prácticamente impidieron que pagara su condena de 37 años en una prisión, y las más recientes muestran la fragilidad de nuestro sistema de justicia.
El esfuerzo denodado, y muchas veces a riesgo de su integridad, que hacen miles de fiscales, jueces y policías para combatir el delito no se pone en duda. Pero no puede ser posible que ese esfuerzo, cuando se materializa en capturas y eventuales condenas, no tenga el efectivo seguimiento para garantizar lo que precisamente no está pasando: que las capturas y los envíos a prisión rompan las cadenas del poder criminal.
El Gobierno y la Rama Judicial están en mora, hace años, de liderar una discusión profunda sobre los ajustes necesarios para evitar trances como los mencionados, que golpean duramente la imagen de la justicia y las instituciones. Urgen proyectos que reflejen la realidad de un país con organizaciones criminales cuya violencia y capacidad de corrupción desbordan en muchas oportunidades los recursos y previsiones de sus sistemas carcelario y de administración de justicia. Se necesitan controles más efectivos sobre los jueces de ejecución de penas y una reforma real del Inpec para evitar que rasgadas de vestiduras como las que ha provocado la vergonzosa fuga de 'Pichi' dejen de ser un recurrente paisaje.
Editorial El Tiempo