Joan Sebastián Rodríguez Mendoza, es un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y de acuerdo con la Fiscalía se dedicó a traicionar a su país. Se convirtió, de acuerdo con la investigación, en un importante proveedor de armas para las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia. El negocio que logró confeccionar el funcionario incluyó un descarado canje.El funcionario aprovechó su cargo para obtener las armas y explosivos que llevaba a las disidencias de las Farc. A cambio recibía kilos de pasta base de coca como contraprestación.
Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, es un delincuente que se convirtió en una celebridad en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá. Su efímera designación como vocero de los presos y de las bandas criminales en el Valle del Cauca, en el marco de la pálida paz total del Gobierno, no dio frutos y solo le sirvió para ganarse ese estatus y tener una celda privada. Pero ahora vuelve a amenazar al Estado, a la guardia del Inpec y hasta a su director, el coronel Daniel Gutiérrez. Ha sido imposible de manejar, pese a estar tras las rejas.
Como Sergio Luis Betancourt fue identificado el pastor religioso que, en Cartagena y en 2020, terminó metido en un escándalo de talla mayor y con una feligresa.
En la madrugada de este miércoles, los presos en las principales cárceles del país se despertaron con un operativo del Inpec. Más de 3.000 funcionarios de los grupos especiales llegaron a las celdas para buscar lo que privados de la libertad quieren esconder: armas, licor, celulares y estupefacientes.Los funcionarios encontraron más. En las celdas hay caletas, bolsillos entre paredes, bajo el piso y encima de los techos, para ocultar los elementos prohibidos que se logran colar en las requisas desarrolladas en las jornadas de visita.
Las denuncias por el enredo de tierras en Villavicencio, en el llamado caso La Camelia, por fin tuvo una decisión de fondo y le dio la razón a los demandantes y ahora la alcaldía tendrá que devolver el predio.Esta semana se conoció que, después de varios años, la alcaldía de la capital de Meta, tomó la determinación de dar cumplimiento a un fallo de la justicia que ordenaba la devolución de la finca a quienes demostraron su propiedad.
No ha arrancado el juicio contra Nicolás Petro, pero en Barranquilla, donde se adelantan las audiencias, se calentó el ambiente. Mientras La Arenosa se alista para los precarnavales, en los juzgados, el hijo del presidente Gustavo Petro decidió enfrentar a la Fiscalía.
Nicolás Petro está a las puertas de un juicio. Su decisión de negar los cargos imputados por la Fiscalía en la etapa final de la audiencia preparatoria, se convierte —en términos prácticos— en el grito de guerra, en la advertencia de que está listo para enfrentarse a la fiscal Lucy Laborde, en un juicio.Justamente, este lunes 13 de enero, la Fiscalía hizo la enunciación de las pruebas que incluirá en el juicio y allí se hizo referencia a un testigo que estuvo ocultó en los meses que tardó la audiencia preparatoria.
Este lunes 13 de enero se adelantó, presencialmente en la ciudad de Barranquilla, la audiencia preparatoria al juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Es una diligencia en la que defensa y Fiscalía sellarían el listado de testigos y pruebas, de cara al juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Los ratones cuidando el queso”, es la frase jocosa que se ajusta, como ficha, a la vergonzosa historia donde un grupo de policías y un funcionario de la Dian, quedaron como presuntos responsables de liderar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, licores y cosméticos a la Costa Caribe colombiana.La Fiscalía entregó detalles de una investigación que dejó al descubierto la deshonra a cargo de los policías que juraron cumplir su función y proteger la Constitución, pero que terminaron convirtiendo el uniforme en la fachada perfecta para delinquir.
Un guardián del Inpec, que se convirtió en testigo de la Fiscalía, fue el encargado de exponer la radiografía corrupta que se enquistó en la cárcel La Picota, de Bogotá. SEMANA conoció la declaración, y los detalles de ese testimonio parecen el diario de una organización criminal con tentáculos en oscuros negocios de tráfico de drogas y licor, traslados de cárcel y hasta la venta de fueros sindicales.La declaración es contundente pero vergonzosa. Fue clave en la reciente captura de 12 personas, entre funcionarios del Inpec y sus esposas.