César Jiménez Flechas

Cuando la cúpula de la Fiscalía descubrió que una investigación con más de tres años de iniciada contra el mayor contrabandista del país, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no arrojaba mayores resultados, se puso en duda la lealtad de los responsables: el fiscal Andrés Marín y su agente infiltrado, el intendente de la Policía Álvaro Galvis.Adicionalmente, un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía advirtió que el llamado zar del contrabando era invisible al rastreo de los investigadores y que en su nómina estaban los pasos de tortuga de la Fiscalía para capturarlo.

No se ha estrenado en el cargo y al exsenador de Bogotá, Antonio Sanguino, fiel escudero de la exalcaldesa Claudia López y ahora designado ministro del Trabajo del presidente Gustavo Petro, le recuerdan una investigación por hechos de corrupción, que ya tiene un escrito de acusación en su contra. La investigación en contra del exsenador es por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El llamado ‘zar del contrabando’, Diego Marín, alias Papá Pitufo, tenía tentáculos en los más altos niveles de la Policía y el Ministerio de Defensa.

Al cierre del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y los llamados Comandos de Frontera, liderados por Andrés Rojas, alias Araña, un grupo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo notificó de una orden de captura internacional, con boleta de la Interpol.Los investigadores, con las chaquetas y gorras del CTI, le informaron al señalado cabecilla que en su contra corría una orden de detención y le mostraron la solicitud explícita de la Interpol, aunque no hicieron referencia a los cargos que se le atribuyen, ni la autoridad internacional que l

Brandon Andrey Cárdenas, alias Brandon o Grande; y Luis Felipe Taborda Delgado, alias Dayron Pérez, serían, según la Fiscalía, los responsables del asesinato de Miguel Ángel López, el trabajador de servicios funerarios, su esposa y uno de sus hijos menores de edad. La Fiscalía los capturó en las últimas horas. Luego de algunos operativos de allanamiento en Norte de Santander, la dirección Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, logró la captura de alias Brandon, señalado integrante de las disidencias de las Farc y de participar del crimen contra el propietario de la funeraria en Tibú.

La Fiscalía advirtió este martes que la investigación en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargados de indagar en la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, se archivó por atipicidad de la conducta.El ente acusador advirtió que en la actuaciones de los magistrados no hubo delito y que se desempeñaban en función de su trabajo. La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló en detalle los alcances de su decisión.

En el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, fue protagonista, según la Fiscalía. El ente acusador le imputó cargos y pidió a un juez una medida de aseguramiento, que cumple en una guarnición militar. En las últimas semanas, se advirtió que Ortiz estaría tras una negociación con la Fiscalía que podría convertirse en un principio de oportunidad o un preacuerdo, con aceptación de cargos y en anticipo de una condena.

La jueza que adelanta el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, por la presunta manipulación de testigos, respondió a la recusación que presentó la defensa del exmandatario y la rechazó de plano, de manera contundente, al advertir que los abogados no lograron sustentar ese instrumento en contra de su actividad como juez del proceso.Durante la diligencia y al responder a la recusación de la defensa del expresidente, la jueza aseguró que la quieren “crucificar” por adelantar su trabajo y prestarle atención al proceso, teniendo en cuenta que se encuentra próximo a prescribir, lo que obliga

El Ministerio de Defensa presentó un documento que bautizaron: Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales. Una supuesta radiografía de cómo va el país y las propias instituciones en la lucha contra la criminalidad, sustrato para la toma de decisiones de alto nivel. El informe no encaja en la realidad del país.SEMANA conoció otro documento que revela un escenario distinto al que, con bombos y platillos, festejó el Ministerio de Defensa. La Fiscalía entregó en detalle y con manos de cirujano, la verdad, evidente, sobre la inseguridad en Colombia.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, procesado por dos delitos, está pidiendo su libertad y la Fiscalía se opuso con un argumento contundente: “Este proceso no tiene tintes políticos”, dijo la fiscal Lucy Laborde, en la audiencia en que la defensa del exdiputado pidió revocar la medida de aseguramiento en su contra.Durante la audiencia, la fiscal explicó por qué los fines constitucionales para la medida de aseguramiento siguen vigentes, y es necesario mantener al hijo del presidente con Barranquilla por cárcel, que ordenó un juez de control de garantías en Bogotá cuando Nicolás