César Jiménez Flechas

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está a las puertas de un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía reveló el listado de testigos, más de 80 que serán presentados para buscar una condena en su contra. Entre los testigos, hay hasta cantantes vallenatos.La fiscal Lucy Laborde entregó detalles de los testigos que harán parte de los elementos de prueba para demostrar la responsabilidad del hijo del presidente en los delitos que fueron imputados.

La promesa de paz total y la “patente de corso” que recibieron las organizaciones criminales, que engañaron al país en la cara del Gobierno nacional, mientras fingían buscar la paz, convirtió a los defensores de derechos humanos y a los firmantes de paz en las principales víctimas de las balas.La Fiscalía hizo una vergonzosa radiografía de los crímenes contra defensores de derechos humanos y los firmantes de paz.

Humberto Moreno Montealegre no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Fue capturado y, cuando los investigadores llegaron a su casa, encontraron un estudio de grabación con equipos de video, luces y toda la escenografía para, al parecer, dejar en imágenes los abusos a niños en la ciudad de Yopal, Casanare. Esta es la historia de la llamada “habitación del horror”.A la Seccional de Fiscalías en Casanare llegó una denuncia, un estremecedor dato que dejaba como víctimas a dos niñas de tres años de edad.

María Alejandra Brancho Sulbarán es una ciudadana venezolana que, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía, es la responsable de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín, Antioquia.La mujer fue capturada luego de varias denuncias en su contra y que la dejaban en el centro de una red de trata de personas que arrancaba en Venezuela y terminaba en la ciudad de Medellín.

Los privados de la libertad, que están en las cárceles del país y en procesos de socialización, tienen sus emprendimientos que promueven, distribuyen y venden, a través de la marca institucional Libera Colombia. La vitrina principal está en la sede central del Inpec en Bogotá, en la calle 26, que ahora estrena imagen. El Inpec reorganizó, rediseñó y relanzó la vitrina de la marca institucional Libera Colombia.

SEMANA reveló la insólita historia de una falsa médica que estuvo al servicio de la Policía atendiendo pacientes, recetando medicamentos y hasta firmando actas de defunción en sanidad y en la ciudad de Barranquilla. Nadie se explicó cómo logró pasar los filtros que para algunos son tan exigentes, pero en su caso resultaron ser una burla.

Curiosamente, en la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, el departamento del Cauca, y en lo que se esperaba sería la “capital mundial de la vida”, las cifras de amenazas y asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, además de firmantes de paz, en lo corrido del Gobierno del Cambio, dan vergüenza.La fiscal Luz Adriana Camargo hizo una cruda radiografía de la situación de seguridad en las regiones de Colombia y cómo los defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz se convirtieron en las principales víctimas de una ola de violencia sin precedentes en

Los protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) están por concretar la negociación con la Fiscalía que los convirtió en testigos del caso y de paso recibir beneficios como el principio de oportunidad por algunos delitos. En otras palabras, cambiar información por restar delitos de la imputación.

Hace más de un año, el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, fue capturado por presuntos vínculos con la banda criminal de La Inmaculada. Sin embargo, a las puertas de un juicio, la Fiscalía lo acusa de algo muy distinto: irregularidades en dos contratos, nada relacionado con un concierto para delinquir, que fue el primer anuncio del ente acusador tras su captura. John Jairo Gómez estuvo ocho meses privado de la libertad y habló con SEMANA.