César Jiménez Flechas

El escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está por conocer a su primer condenado y será, de avanzar las audiencias, Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la entidad. Pinilla metió las manos, los brazos y todo el cuerpo en el lodazal en que se convirtió este escándalo en la UNGRD y que además enterró a otra docena de personas, entre funcionarios y contratistas. Millonarios recursos que estaban destinados a calmar la sed de los niños en La Guajira terminaron en una caja menor para llenar de sobornos a congresistas.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se arrodilló, confesó y pidió perdón por el escándalo de corrupción. Ahora está por convertirse en el primer condenado, después de que una juez estudie y acepte la negociación entre la Fiscalía y el procesado. Pinilla será condenado a la pena de prisión de cinco años, 8 meses y un día en la cárcel. Así quedó en el acuerdo firmado y presentado ante la juez 10 especializada de Bogotá, las víctimas y el país.

El fallecido cabecilla del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera, tenía oculto un multimillonario predio que adquirió a través de una empresa fachada en 1992, hace más de 33 años y que la Fiscalía logró identificar, para ocuparlo con fines de extinción de dominio.El predio tenía una extensión de un millón de metros cuadrados y fue desenglobado en más de 137 lotes, que pasaron a una fiducia con la colaboración de un político que, al mismo tiempo, se convirtió en su testaferro.

Un grupo de cirujanos que convalidaron títulos en Colombia, terminó en un proceso penal en la Fiscalía y cuatro años después con una condena por varios delitos, entre otros, fraude procesal y falsedad en documento público.

Las imágenes que encontró la Fiscalía en un matadero clandestino de la localidad de Suba, en Bogotá, fueron asquerosas y derivaron de forma inmediata en una investigación que estuvo a cargo del grupo Gelma, con la captura de tres personas, todas relacionadas con el matadero.Los vecinos de la localidad de Suba estaban convencidos de que los bajos precios en una carpa, que hacía las veces de expendio de carne, estaban relacionados con alguna ganancia en la canasta familiar, un beneficio sin explicación, pero la realidad era otra: Un matadero clandestino.“En un inmueble del sector de Fontanar

SEMANA reveló un informe con los detalles de una operación al mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), dirigida por el entonces general Pedro Sánchez, hoy ministro de Defensa y que resultó una trampa mortal para soldados, cinco murieron, otros con graves heridas, incluso amputaciones.

Un coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) de Colombia, identificado como Felipe Andrés Peñarredonda, fue capturado en la ciudad de Santa Marta— de acuerdo con versiones de la Fiscalía— por integrar, presuntamente, un grupo criminal que estafaba a personas con bienes raíces y evadía el pago de impuestos.El oficial activo de la Fuerza Aérea fue capturado por orden de un juez de control de garantías y tras una solicitud de la Fiscalía, luego de recibir más de 16 denuncias que advertían hechos irregulares en la comercialización de bienes raíces en la ciudad de Santa Marta.

Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) están acostumbrados a las amenazas y, ahora, lo nuevo fue enterarse de la conformación de un grupo criminal que parece una simbiosis delictiva en el departamento de Norte de Santander y que ahora los deja como blanco de intimidaciones.Los criminales que lanzaron en video la amenaza, aseguraron ser parte de lo que llamaron las Autodefensas Gaitanistas Colombo - Venezolanas.

La fiscal Luz Adriana Camargo dejó en claro la posibilidad que tienen las personas procesadas por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): puede haber negociación, pero en cualquier caso habrá condena. Las víctimas de este caso aseguraron que el aplazamiento de Sandra Ortiz, en su acusación, es una nueva dilación.El abogado Pablo Bustos, representante de comunidades en La Guajira, aseguró que mientras la exfuncionaria busca una negociación con la Fiscalía, el tiempo pasa y la sombra de la dilación se empieza a asomar en el proceso.

Dejando en claro el lugar de la Fiscalía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en relación con competencias y confidencialidad, las entidades firmaron, en cabeza de sus representantes, la fiscal Luz Adriana Camargo y Alexander López, un acuerdo para combatir la corrupción. La estrategia que está en el acuerdo firmado advierte seguimiento, control y denuncia de los hechos que, siendo conocimiento del DNP, puedan tener alcance penal y tengan que ser investigados por la Fiscalía.