El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está contra las cuerdas. Aunque sostiene que lo ocurrido con los congresistas de la Comisión de Crédito Público, a quienes les habrían comprado la conciencia con contratos por 92.000 millones de pesos son simples “errores”, las pruebas son tozudas.
SEMANA: Usted fue capturado y extraditado por, supuestamente, haber participado de una millonaria estafa inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los argumentos para que lo absolviera la Justicia de ese país?CARLOS MAHECHA: El principal argumento fue el análisis de un experto forense, exmiembro del FBI, que investigó todas las cuentas bancarias y movimientos contables de la empresa. Este experto concluyó que no hubo un fraude. La Fiscalía nunca investigó, solo presentó ante el jurado el balance de una cuenta bancaria de las 22 existentes en la compañía.
Esta semana, Andrés Calle, expresidente de la Cámara, estuvo sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema. Él está respondiendo por, supuestamente, haber recibido 1.000 millones de pesos en efectivo, que habrían sido saqueados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tal como lo confesaron el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla.
El movimiento Independientes del exalcalde Medellín, Daniel Quintero, no solo fue barrido en las elecciones en la capital antioqueña, sino que ahora quien fuera su candidato, Juan Carlos Upegui, perdió la curul que constitucionalmente le corresponde a la oposición y fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución en inhabilidad para ejercer cargos públicos durante ocho años.El asunto es claro: para la Procuraduría, el ahora exconcejal Upegui fue candidato a la alcaldía, al mismo tiempo que su papá fue nombrado y ejercía como rector de la Institución Educativa San Lor
Parece un asunto de nunca acabar, las sanciones que la Corte Constitución considera que sí puede imponer la Procuraduría General de la Nación contra los funcionarios que han incumplido y violado las normas, incluso con evidentes casos de corrupción, son anuladas por el Consejo de Estado en su Sección Segunda.Esta vez ocurrió con la sanción de destitución e inhabilidad general por 16 años, contra Teléforo Bernal Velásquez, exalcalde de Flandes, Tolima, para el periodo 2012-2015, quien fue sancionado por la Procuraduría por claras irregularidades en procesos de contratación de transporte esco
El plan para asesinar al auditor Hernán Franco no era una operación fácil. El sicariato se cometió en el Parque de la 93, una de las zonas más exclusivas y custodiadas del país, en la que, por lo general, hay fuerte presencia de policías, escoltas y cámaras de seguridad en todo el sector.
SEMANA: Después de tantos años de proceso, con claras irregularidades como lo documentó el juez, ¿cuál fue la decisión sobre Santiago Uribe? JAIME GRANADOS: El juez decidió absolver a Santiago Uribe de los cargos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por dos razones principales. La primera, porque la Fiscalía cometió errores garrafales en la manera de imputar, presentar elementos probatorios y conducir el caso, que violentaba las garantías fundamentales de Santiago Uribe Vélez.
En segunda instancia fue ratificada la imputación por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado contra el excongresista Tiberio Villareal Ramos, por su presunta vinculación en la masacre de La Rochela.
La Fiscalía se dispone a hacer una gran contratación de funcionarios de la que todos en la entidad están pendientes, y no es para menos, se trata de una convocatoria para proveer vacantes, que no es de poca monta.
El arte se une para conmemorar una tragedia y apoyar a las víctimas. Se trata de quienes fueron afectados por lo que resulta una masacre emblemática por la crudeza de los hechos en medio del conflicto.