Como era de esperarse, el testimonio de María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General ha ocasionado un verdadero torbellino político con consecuencias serias para la vida de la testigo y su familia.
Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el funcionario conocía lo que sucedía en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), incluyendo el trasteo de contratos con los que supuestamente se beneficiaron congresistas a cambio de favorecer al Gobierno en sus reformas.
Contexto: Nuevos audios de María Benavides, exasesora de Hacienda, hablan de reunión clave en la que Ricardo Bonilla habría acordado la compra de congresistas
En su declaración, Benavides habla de una operación que se habría llevado a cabo en diciembre del año pasado con el fin de aprobar de forma rápida una millonada en créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.
Estas afirmaciones han puesto en aprietos al ministro Bonilla, quien asegura ser inocente, mientras el presidente Gustavo Petro lo mantiene a flote.
Desde que se filtró la declaración, la mujer ha denunciado amenazas contra su vida y la de su familia. Por eso, reclama a las autoridades reforzar su seguridad.
“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”, se lee en un comunicado firmado por la defensa de Benavides.
En el documento aclaran, sin embargo, que ella seguirá colaborando con la justicia y advierte que se abstendrá de rendir entrevistas o declaraciones por fuera del proceso.
“Reiteramos el compromiso de María Alejandra Benavides de mantener la más alta disposición de colaboración con las autoridades colombianas, siempre en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales. No obstante, con el fin de salvaguardar la integridad del proceso judicial y la seguridad de mi representada, Maria Alejandra se abstendrá de realizar declaraciones por fuera del proceso institucional
Ante la Fiscalía, Benavides menciona un supuesto acuerdo entre Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. Lo que contó la exasesora sobre este acuerdo es que buscaban destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
El relato de la exfuncionaria coincide con el del Olmedo López y Sneyder Pinilla, según lo cual para lograr esos créditos Bonilla, Ramírez y Velasco destinaron contratos de la UNGRD por 92.000 millones de pesos para sobornar a los congresistas.