La música a alto volumen de vecinos que irrumpen la tranquilidad en los barrios de Colombia pretenden fernarla con La Ley Contra el Ruido, ¿cómo funcionará?
La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, surgió como respuesta a la contaminación acústica, fenómeno que sigue afectando a las ciudades y municipios en lo que se refiere a la salud pública y la convivencia social.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Carvalho dio claridades sobre esta ley que se espera comience a regir en un plazo de seis meses tras el paso por Presidencia.
Si bien el Código Nacional de Policía ya regulaba ciertos comportamientos relacionados con el ruido, la nueva ley busca corregir la falta de herramientas y la aplicación limitada de las sanciones.
Una de las principales diferencias es el aumento de las multas de 8 a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para quienes generen ruidos molestos.
Además, la ley ahora incluye tanto zonas urbanas como rurales, mientras que el Código de Policía solo aplicaba a los entornos urbanos.
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Otra diferencia es que la ley permite que diversos medios probatorios, como testimonios, grabaciones y mediciones, sean válidos para sancionar a quienes perturben la tranquilidad.
La autoridad de policía podrá actuar sin necesidad de mediciones técnicas si la perturbación es evidente. También establece que los responsables de los ruidos molestos pueden ser los propietarios de los establecimientos comerciales, arrendatarios o usuarios de los inmuebles donde se generen estos ruidos.
Según datos de la Policía Nacional, el 70% de la conflictividad asociada a asuntos de convivencia está relacionada con el ruido.
Además, ley establece un marco claro sobre las situaciones en las que el ruido es aceptable y aquellas en las que constituye una violación a la convivencia.
En particular, se permite un mayor volumen en actividades artísticas y culturales, pero siempre que estas se realicen en horarios específicos y cuenten con los permisos de las alcaldías municipales y distritales, que también deberán definir las áreas de amortiguación acústica alrededor de los lugares donde se realicen eventos.
Por ejemplo, el artículo 14 de la ley establece que las alcaldías deben autorizar actividades como conciertos y espectáculos públicos, pero imponiendo condiciones que mitiguen el impacto acústico, como el uso de barreras acústicas o la limitación de la potencia de los equipos de sonido. Además, se implementará un plan de acción de mitigación de ruido, que incluye medidas como la insonorización, reducción de las fuentes de ruido y el control de aglomeraciones.
La ley comenzará a regir una vez pase por la fase de conciliación entre ambas cámaras del Congreso y sea sancionada por el presidente, lo que podría tomar entre dos a cuatro meses, según explicó Carvalho.
Sin embargo, se espera que “en seis meses, ya vamos a tener en pleno vigor la ley, las autoridades ya van a poder empezar a implementar las herramientas que disponen la ley y, por lo tanto, también los ciudadanos y nosotros vamos a emprender una labor pedagógica”, indicó el representante antioqueño.
Para que los ciudadanos puedan denunciar los ruidos que perturben el entorno, el representante afirmó que el proceso de atención lo definirá cada alcaldía, así como los horarios en los que estarán permitidos ciertos ruidos.
“Los canales los debe disponer las autoridades locales. Este proyecto le da a las autoridades locales las herramientas para esto, pero depende de ellos establecer esa ruta de atención para los ciudadanos y además les corresponde a ellos hacer todo lo necesario para el plan de gestión contra el ruido que incluye un diagnóstico, una identificación de sectores críticos y una definición de las estrategias para resolver los puntos críticos y de los indicadores que permitan dar cuenta de si se está avanzando no en la solución del problema”, explicó.
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Carvalho considera que “lo más importante es que esta ley no resuelve nada por sí sola esta ley da las herramientas a las autoridades locales y autoridades de policía para enfrentar el problema, pero vamos a depender muchísimo de la voluntad política de los alcaldes y por eso es muy importante que desde la ciudadanía, los medios de comunicación y los consejos, hagamos presión sobre los alcaldes para que entiendan que esto es una prioridad para los ciudadanos”.