La tutela que pide que se cierre de manera definitiva la estación de policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, debido a presuntas violaciones a los derechos de las personas que han sido privadas de la libertad en su interior, tuvo su primera victoria, pues el Tribunal Superior de Medellín admitió asumir su estudio.
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La acción judicial fue interpuesta por el defensor de derechos de los internos y vocero de la Veeduría Penitenciaria Nacional, Jorge Carmona.
“Después de mi sustentación, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia me notifica que me admiten la tutela y les da dos (2) días a todas las instituciones vinculadas para dar respuesta a esta tutela para después definir si definitivamente se va o no a cerrar la estación de policía Candelaria”, explicó Carmona.
Quienes deberán dar respuesta a las denuncias hechas son los mandos locales y nacionales de la Policía, la Alcaldía de Medellín, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). A este proceso también fueron vinculados la Procuraduría General de la Nación, Personería distrital, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiduciaria Central y Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el documento admisorio del 21 de enero.
Carmona ha señalado en varias ocasiones los presuntos tratos inhumanos que han recibido personas que han sido privadas de la libertad en la estación de La Candelaria.
La última de sus denuncias tuvo como motivo los golpes que le habrían dado otros retenidos a un hombre de 46 años, en diciembre de 2024, por los que, según dijo el afectado, quedó parapléjico.
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En este caso concreto, fuentes cercanas a la Policía dijeron hace diez días que inicialmente la versión del interno fue que se había caído de una hamaca en la que estaba acostado y que tampoco había oficializado ninguna denuncia por las supuestas agresiones.
Pero, según Carmona, son cientos de personas a las que les habrían vulnerado sus derechos en este sitio que originalmente no debería cumplir como centro de reclusión.
Incluso, el activista por los derechos humanos de los presos ha hablado de la ocurrencia de torturas con descargas eléctricas que se producen con cables conectados a los tomacorrientes.
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A esto se suma un hacinamiento que, de acuerdo con informes de la Personería de Medellín, ha llegado al 331 por ciento, ya que han tenido hasta a 248 personas, con lo que se supera su capacidad con creces.