La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia expresó su rechazo ante los actos de violencia que vienen presentándose en Buriticá, territorio que durante los últimos años es el centro de una nueva oleada de minería ilegal que tiene en riesgo la estabilidad de sus montañas.
En su pronunciamiento, la iglesia católica expresó su consternación por la escalada violenta en ese municipio del Occidente antioqueño e hizo un llamado al respeto por la vida.
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“Hacemos un llamado a los responsables de estos actos de violencia para que con valentía asuman sus responsabilidades, reparen a los afectados, piden perdón a la sociedad y también los métodos de un ejercicio minero que deteriora el medio ambiente, degrada la vida humana y fortalece la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad”, se lee en la misiva, a la que también se adhirió la Parroquia San Antonio de Buriticá, la Fundación Pastoral Social y la Pastoral Minera.
El llamado a la sensatez se produce una semana después de que se produjera uno de los más graves atentados al interior de la mina de Buriticá operada por la empresa Zijin - Continental Gold, en el que en menos de 24 horas se registraron por lo menos cuatro atentados con explosivos.
De acuerdo con un reporte entregado por esa empresa, la acción no solo dejó a un trabajador herido, sino que obligó a la evacuación de emergencia de ese complejo, luego de que las explosiones causaran graves destrozos en una subestación eléctrica y por ende se afectaran procesos vitales para ese complejo como el suministro de energía y el funcionamiento correcto de los sistemas de ventilación y drenaje.
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Por cuenta de esa situación, se estima que quedaron afectados por lo menos 1.500 empleados directos de la mina y otros 2.500 contratistas.
La acción terrorista se produjo casi ocho meses después de una de las crisis de orden público más graves de los últimos años, en la que un grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería estuvo atrapado por más de una semana en el municipio.
En aquel episodio cabe recordar que funcionarios de esa entidad llegaron para buscar a dos mineros que habían sido reportados como desaparecidos en un socavón ilegal, al que no pudieron ingresar tras recibir intimidaciones de grupos armados.
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Si bien los cuerpos lograron ser recuperados posteriormente, la situación puso en evidencia una gigantesca operación de minería ilegal en la que se presume participan hasta 2.000 mineros controlados por el Clan del Golfo, que han infiltrado a sangre y fuego un 60% de los túneles de la minera Zijin - Continental Gold.
Además de generar precarias condiciones de trabajo para los mineros ilegales, esta operación también ha puesto en riesgo la estabilidad de las montañas y el suministro de agua de Buriticá, que ha llegado a sufrir interrupciones en el servicio de acueducto de hasta 20 horas diarias.
Desde agremiaciones como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), su presidente Juan Camilo Nariño, también hizo un llamado para exigir al Estado garantizar la seguridad en el territorio.
“La ACM le exige categóricamente al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y contundentes, para garantizar la seguridad en zona y proteger las operaciones legales y la vida de los colaboradores. Es necesario fortalecer la seguridad, combatir las redes criminales y garantizar la estabilidad en el territorio”, dijo el directivo.
Entre tanto, en su reciente pronunciamiento, la Iglesia Católica también instó al Estado Colombiano a hacer presencia en Buriticá y a los mineros a emprender procesos de formalización que permitan superar la violencia.