El presidente Gustavo Petro ha decidido en horas de la madrugada desautorizar la llegada a territorio colombiano de vuelos procedentes de Estados Unidos con ciudadanos de Colombia que fueron deportados del territorio norteamericano. Dicha medida tendría implicaciones legales de acuerdo a la Constitución.
Desde Estados Unidos se ha iniciado una serie de acciones con el propósito de cumplir la promesa del presidente Donald Trump de realizar el mayor número de deportaciones masivas en la historia de ese país. Debido a esto han llegado vuelos a Guatemala, México y Brasil con ciudadanos repatriados.
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Para este domingo se esperaban dos vuelos con ciudadanos colombianos que se encontraban en una situación irregular en la nación norteamericana, sin embargo, a través de un trino en horas de la madrugada, el presidente Petro informó la desautorización de los vuelos.
“Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio”, fueron las palabras que desataron la crisis diplomática entre las dos naciones.
La decisión del presidente ha provocado una serie de respuestas por parte de Estados Unidos que van desde el cierre de la oficina de visas en Colombia hasta la imposición de aranceles a exportaciones colombianas.
La medida adoptada por Petro no solo está generando implicaciones diplomáticas, sino que también las podría traer de forma legal según la normatividad colombiana.
EL COLOMBIANO consultó en exclusiva al penalista Andrés Arteaga, quien es Magíster en Derecho Procesal y Especialista en Derecho Penal Económico.
Para el abogado Arteaga, haciendo el análisis desde las garantías constitucionales, al no permitirse la entrada de los vuelos “se les estaría cercenando el derecho fundamental que tienen los colombianos de regresar a su país”, lo cual, tendría “unas connotaciones propiamente de violación de derechos humanos fundamentales, no a migrantes, sino a colombianos que están regresando a su país bajo las condiciones que se estén dando”, explicó.
“Son colombianos que están regresando a su país y que bajo ninguna circunstancia se podría negar este ingreso”, recalcó el abogado. “Esta decisión como tal no solo es contraria a la Constitución Política de Colombia, sino también a un principio básico de cualquier gobierno, sea de la ideología que sea, que es proteger, ayudar y servir a su propia gente”, resaltó.
Por otra parte, el abogado penalista Santiago Trespalacios, quien también fue consultado por EL COLOMBIANO, concuerda con que impedirles el ingreso es inconstitucional; sin embargo, el presidente sí está en un derecho legítimo de solicitar un trato digno a las personas que sean devueltas a su país de origen.
“Desde los derechos humanos el pedido del presidente Petro se encuentra ajustado, pues no está diciendo que no los deporten, simplemente que los traten con dignidad, es decir como seres humanos que no deben ser plenamente instrumentalizados”, declaró el abogado Trespalacios explicando que este tipo de trámites se hacen a través de un protocolo coordinado entre las autoridades de migración estadounidenses y el gobierno colombiano.
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