El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que firmará un decreto para prohibir en el Ejército estadounidense lo que llamó la “ideología transgénero”.
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“Para garantizar que tengamos la fuerza de combate más letal del mundo, eliminaremos la ideología transgénero de nuestras fuerzas armadas”, aseguró Trump ante congresistas republicanos en Miami. La incluyó entre una de las “cuatro nuevas órdenes ejecutivas” que firmará relacionadas con las fuerzas armadas.
Bajo la administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden, las personas transgénero podían servir en el ejército.
Durante la campaña presidencial, el republicano prometió restringir los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. Advirtió en particular que pondría fin “desde el primer día” y de un “simple plumazo” a lo que llamó el “delirio transgénero”.
Según el Instituto Williams de la Universidad de California, aproximadamente 1,6 millones de personas mayores de 13 años, incluidos 300.000 adolescentes, se identifican como transgénero en Estados Unidos. Esto no significa que todos hayan iniciado terapias de transición.
Según Human Rights Campaign, 26 estados de Estados Unidos prohíben estas terapias de transición para menores, una prohibición que Trump ha prometido extender al resto del país eliminando todas las ayudas federales.
Aproximadamente la mitad de los estados, en su mayoría liderados por conservadores, también prohíben que las mujeres transgénero compitan en deportes escolares femeninos, otra prohibición que Trump también quiere imponer a nivel federal.
El 20 de enero, día de su investidura, el presidente prometió barrer las políticas a favor de las personas transgénero y afirmó que Estados Unidos solo reconocería “dos sexos, masculino y femenino” definidos al nacer.
“Estos sexos no son modificables y están anclados en una realidad fundamental e incontestable”, según un decreto publicado por la Casa Blanca el mismo día.
Los tratamientos médicos para que menores cambien de género o el acceso de mujeres transgénero a las competiciones deportivas femeninas son temas candentes en un Estados Unidos muy polarizado.
Se estima que el número de personas transgénero en el ejército de Estados Unidos es de alrededor de 15.000, de un total de aproximadamente dos millones de miembros en activo.
El lunes, el presidente también aseguró que “evitará el adoctrinamiento” de los soldados estadounidenses “por ideologías de extrema izquierda como la teoría crítica de la raza”.
Los conservadores usan este concepto de forma peyorativa para denunciar la enseñanza de sensibilización contra el racismo.
“Ofreceremos la reincorporación completa a todo miembro del servicio retirado de las fuerzas armadas debido a la vacunación obligatoria contra el covid-19, en su rango y nivel salarial anteriores”, añadió Trump en Doral, cerca de Miami.
El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes por un estrecho margen la nominación de Pete Hegseth para ser secretario de Defensa.
Al asumir formalmente el cargo el lunes, dijo a los periodistas que su departamento implementará las decisiones presidenciales “sin demora y sin excepción”.
Otra de sus decisiones con su llegada a la Casa Blanca, es la orden emitida que obliga a las cárceles federales de Estados Unidos a alojar a mujeres transgénero en prisiones para hombres y suspende los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La medida, anunciada el día de su toma de posesión, establece que su administración solo reconocerá el sexo asignado al nacer, ignorando la identidad de género de las personas.
La orden, titulada Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal, argumenta que “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”. Esta disposición no solo afecta a las prisiones federales, sino también a los centros de detención de inmigrantes, donde las personas transgénero también serán reubicadas según su sexo biológico.
Según datos del Williams Institute de la Universidad de California, en las cárceles federales del país hay aproximadamente 1.500 mujeres transgénero, lo que representa el 15 % de la población femenina encarcelada. Aunque las personas transgénero constituyen solo el 1 % de la población adulta en Estados Unidos, enfrentan una desproporcionada afectación por parte del sistema de justicia penal, derivada de la discriminación, el rechazo familiar y social, y las dificultades económicas.
La orden ejecutiva también prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la reasignación de género, incluyendo terapias hormonales y cirugías. Esta decisión ha generado preocupación entre expertos médicos, ya que la interrupción abrupta de los tratamientos hormonales puede poner en riesgo la vida de las personas transgénero que dependen de ellos.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero han expresado su firme rechazo a la medida. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que la decisión de Trump aumentará los riesgos de agresión y violencia sexual contra las mujeres transgénero recluidas en prisiones masculinas. “Esta medida no solo es peligrosa para las reclusas, sino que también limita la capacidad de los funcionarios penitenciarios para tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades individuales de cada caso”, señaló Minter.
Además, expertos legales han anticipado que la orden podría enfrentar impugnaciones judiciales. Los sistemas penitenciarios estadounidenses están obligados por ley a proteger a las personas en situaciones vulnerables, y esta decisión podría violar esos principios. Grupos de defensa de los derechos LGBTIQ+ ya preparan demandas basándose en precedentes como el caso Farmer v. Brennan (1994), en el que la Corte Suprema reconoció la vulnerabilidad de las personas transgénero en el sistema carcelario.
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La medida ha reavivado el debate sobre los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos, un tema que ha dividido a la sociedad y que sigue siendo uno de los frentes más controvertidos en la lucha por la igualdad y la justicia social. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y activistas LGBTIQ+ se preparan para una batalla legal que podría definir el futuro de las políticas de género en el país.