Tres altas exfuncionarias de la alcaldía de Daniel Quintero deberán responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la controvertida contratación para habilitar la Clínica de la 80.
Este miércoles, la Procuraduría General del Nación informó que las funcionarias implicadas son Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros de Servicios, contra las que ese ente formulará pliego de cargos.
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De acuerdo con el Ministerio Público, las tres exfuncionarias habrían incurrido en falsedad ideológica en documento público a la hora de firmar un contrato para adecuar esa clínica hace cinco años, que costó unos $23.744 millones pese a ser firmado inicialmente por $12.007 millones.
La Procuraduría señaló que la presunta irregularidad más grave habría consistido en una movida administrativa para firmar el contrato, en la que se habría asegurado que el mismo contaba con el visto bueno de un Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, cuando en realidad no era así.
De igual forma, la Procuraduría señaló que en un contrato de transacción suscrito con la Clínica Vida, privado que terminó comprando el espacio para la construcción de un centro de atención oncológico especializado, la Alcaldía habría accedido a que este privado le pagara entre 2022 y 2025 la suma de $12.007, pese a que los recursos invertidos fueron mucho más robustos.
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El ente añadió que en el proceso de investigación fueron claves las denuncias que el año pasado presentó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio del proceso de auditoría forense emprendido en medio del empalme, en donde salieron flote más detalles de ese caso y de otros escándalos.