Solo el año pasado Estados Unidos devolvió a 14.200 colombianos indocumentados que querían vivir la promesa del “sueño americano”, muchos de ellos estaban esperando que se les acogiera como asilados, una táctica que se ha vuelto costumbre. Entre ellos estaba un hombre al que llamaremos Alberto, quien se adelantó a su familia y vendió algunas pertenencias para ajustar los casi 15 millones de pesos que le cobraba un hombre mexicano para pasarlo por “el hueco”.
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Alberto era un hombre ni tan pobre ni tan rico, un hombre de clase media que hacía esfuerzos para llegar a fin de mes, padre de unos hijos talentosos que competían en un deporte con miras a convertirse en profesionales. Sin embargo, en algún momento sintió que esos sueños podían tener mayor vocación de realidad en Estados Unidos, por eso viajó a finales de 2023 y fue devuelto a mediados del año pasado.
El caso de Alberto es apenas uno de los cientos de miles dramas familiares detrás de bambalinas de la crisis diplomática que provocó el presidente Gustavo Petro al negar este domingo el aterrizaje de un avión con deportados de Estados Unidos. La crisis ha dejado al descubierto un impresionante fenómeno de cientos de miles de colombianos que quieren entrar de manera ilegal a Estados Unidos. En 2021, detuvieron a 6.700 colombianos en la frontera, y apenas dos años después, para 2023, fueron 170.000.
Detrás de está migración, de quienes no se van por el Darién sino que llegan en avión a México, y buscan o cruzar la frontera o entregarse a las autoridades migratorias para pedir asilo, más allá de las ilusiones se mueve un jugoso negocio: a cada migrante le cuesta por lo menos US$10.000 para llegar allá. Dinero que pierden una vez los deportan.
Luego de 20 horas, la crisis se resolvió, el gobierno de Colombia aceptó que siguieran llegando deportados de Estados Unidos a nuestro país, pero ofreció traerlos en el avión presidencial.
Es decir —tema ya harto mencionado—, el presidente Gustavo Petro puso al país a las puertas de una debacle económica por una práctica que se está realizando desde el gobierno de Joe Biden, contra el que no protestó seguramente porque este era del partido Demócrata —la izquierda estadounidense—. Sin embargo, la pelea de redes sociales que inició Petro terminó en que ahora el país está pagando la deportación de los colombianos, un gasto para el que la Casa de Nariño no estaba preparado y que le aprieta aún más una billetera que no aguanta mucho más.
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Los datos del Departamento de Defensa, para 2022, hablan de un costo promedio por hora de vuelo, para este tipo de aviones, de entre US$68,000 y US$71,000. Con base en estas cifras, un vuelo de 12 horas, contando ida y regreso, costaría entre $816,000 y $852,000, es decir, alrededor de 4.000 millones de pesos colombianos.
También vale recordar cifras de colombianos deportados desde Estados Unidos a Colombia. Al final del primer gobierno de Donald Trump, fueron expulsados del país norteamericano 2.089 nacionales por haber ingresado de manera ilegal: 1.158 en 2019 y 931 en 2020. Posteriormente, en el gobierno de Joe Bien, la cifra creció exponencialmente: en 2022 se deportaron 3.753 ciudadanos, en 2023 se deportaron 9.866 y en 2024 la cifra llegó a 14.268.
De acuerdo con datos de la organización Witness at the Border (Testigo en la Frontera), entre 2020 y 2024 (fin del primer gobierno de Trump y todo el gobierno de Biden) Colombia recibió 475 vuelos de deportación de inmigrantes. Los países que en esos años recibieron más vuelos de expulsados de Estados Unidos han sido Guatemala (1.778), Honduras (1.419), México (759), El Salvador (616), Colombia (475), Ecuador (407) y Haití (337). En promedio, en el país llegaron 95 vuelos de deportados al año.
Las rutas del migrante
Volvamos con la historia de Gustavo. Para lograr su paso por el hueco tuvo que endeudarse con agencia de viajes y llegar a Ciudad México, luego cruzó ese país hasta Tijuana y entonces atravesó la frontera con un “coyote” —personas que pasan a migrantes de las maneras más riesgosas a Estados Unidos— y pudo estar en ese país casi un año.
Una historia muy distinta a la de Alexander, un ingeniero que trabajaba en el Metro de Medellín y quien ganaba unos 4 millones de pesos; se gastó 10.000 dólares viajando hasta Ciudad Juarez y luego a Nuevo México, donde estuvo detenido durante doce días y regresado a Colombia con una mano adelante y otra atrás.
Cuando llegan a México, los migrantes que van por tierra en el periplo que atraviesa por Centroamérica, suelen tomar tres rutas: la de la Costa Pacífica tiene estaciones en las ciudades de Tapachula, Arriaga, Ixtepec, Ciudad de México, Guadalajara, Altar, Nogales, Mexicali y Tijuana, de acuerdo con el rastro de las autoridades de ese país.
La ruta de la costa opuesta, en límites con el Golfo de México, pasa por Tenosique, Córdoba, Tula, San Luis Potosí, Monterrey, Reinosa y Nuevo Laredo.
Y la más peligrosa es la que va por el centro del país, que pasa por Tula, Torreón y Ciudad Juárez, con el propósito de atravesar la línea limítrofe en El Paso, Texas. Esta es la que más proclive a secuestros por parte de los carteles narcotraficantes.
Una de las colombianas que llegó deportadas de Estados Unidos este martes, contó que durante su viaje por suelo mexicano abordó un tren de carga como “polizón”. Se trata de una famosa máquina conocida como “la Bestia”, que va del sur al norte de México transportando mercancía.
Los migrantes lo abordan en movimiento, arriesgando sus vidas para ahorrar dinero de transporte. Luego tienen que saltar a tierra en Ciudad Juárez o Nuevo Laredo, para seguir a pie por un sendero desértico.
Dependiendo del punto de origen, y de si viaja con un grupo familiar, un migrante ilegal puede gastar en su viaje entre 2.000 y 20.000 dólares.
Según un informe revelado en 2024 por la Red de Activistas Ciudadanos por los DD.HH. (REDAC), una ong de origen venezolano, “los precios se han incrementado con la misma rapidez que ha aumentado la demanda de migrantes en tratar de llegar la frontera sur de EE.UU. Un viaje que antes costaba 3.000 dólares y 5.000 dólares, actualmente cuesta entre 7.000 y 15.000 dólares e incluso más”.
Desagregando la tarifa, la entidad detalló que “el paso en lancha por el mar Caribe desde Necoclí hasta Capurganá cuesta entre 310 y 350 dólares por persona”; los guías en el Tapón del Darién cobran de 70 a 550 dólares, según la necesidad; el bus de Panamá a Costa Rica sale en unos 40 dólares; un viaje clandestino por mar desde el archipiélago de San Andrés hasta Nicaragua, vale de 2.000 a 3.000 dólares.
“Algunos migrantes que han sido secuestrado señalan que les han pedido hasta 5.000 dólares como rescate, sino corren el riesgo de ser asesinados o explotados en la trata de personas”, reportó la ONG.
La Policía de Colombia ha indicado en varias oportunidades que algunos de los migrantes son obligados a transportar bultos de cocaína de hasta 20 kilos por la selva, corriendo el riesgo de que otros traficantes los maten para quitarles la mercancía.
Los negocios en Medellín
Los coyotes han sido creativos a la hora de conseguir nuevos clientes y rutas. Tienen planes de todos los precios: desde el más básico que incluye la llegada terrestre hasta Necoclí y después todos los horrores de cruzar una selva a pie, hasta opciones VIP en aviones privados y embarcaciones cómodas hasta Panamá. O al menos, eso es lo que les ofrecen para poder cobrarles millonadas. Saben que después, cuando estén metidos entre costales en una embarcación de carga y no en el yate que les ofrecieron, no tienen a quien reclamarle. Así le pasó a Jorge Andrés y a su hijo Jorgito, a quienes hace un tiempo les cobraron más de $1.000 dólares a cada uno, por llevarlos hasta Estados Unidos con salida desde el aeropuerto Olaya Herrera y escala en Panamá.
“La instrucción del coyote con el que hablamos en Medellín era que siempre viajáramos de noche, que si nos paraban dijéramos que estábamos de vacaciones aunque en realidad queríamos pasar a Estados Unidos; que podía ocurrir que los carteles de narcotraficantes o los grupos armados nos pararan y que, en ese caso, lo llamáramos a él, que él tenía contactos y sabría qué hacer”, recuerda Julián, que hace un par de años salió rumbo a Estados Unidos con su hermano, cada uno con al menos $1.500 dólares escondidos y en las medias y en los calzoncillos para cuando algo saliera mal.
El tour que les vendieron incluía pasaje en avión a Ciudad de México, donde debían hacerse pasar como turistas. De allí viajaron ocho horas en bus hasta Tijuana. Una vez allá, tuvieron que subir una escalera para pasar el primer muro que se encontraron en la frontera. Nada de eso estaba previsto cuando les vendieron el plan en Medellín. Luego, debieron entregarse a las autoridades fronterizas, que finalmente los dejaron pasar.
Pero esa suerte es la excepción. A mediados del año pasado, Michel Andrea Agudelo, una joven de 22 años, salió de Medellín rumbo a Estados Unidos también a través de México. Iba acompañada o asistida, como casi todos, por un coyote que contrató desde aquí. En la noche del pasado 29 de junio le mandó el último mensaje a Liliana, su madre: “Los amo”, escribió por WhatsApp. Después de eso, fueron 25 días sin tener noticias de ella, hasta que unos familiares se encontraron con la noticia en internet: estaba muerta y el cuerpo lo tenían las autoridades del estado de Baja California, en México. Medios mexicanos reportaron que Michel fue encontrada por un habitante del municipio fronterizo de Jacumé, una zona que “explotan” los coyotes para llevar migrantes a Estados Unidos por unos 1.000 dólares.
La nota criminal decía que la joven no tenía heridas o lesiones que sugiriera que había sido una muerte violenta. La encontraron boca abajo, tenía un pantalón con franjas blancas, tenis del mismo color y una camiseta negra estampada. Decía el informe que la causa de la muerte fue un infarto. El coyote solo dijo que la llevó hasta una patrulla en la frontera con vida. El proceso para repatriar un cuerpo desde la frontera es casi tan traumático y sin duda más costoso que llegar hasta allá.