Este martes, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente de la Policía Nacional, Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla y el patrullero Deimis González Murillo, como presuntos responsables de exigirle dinero a un motociclista para no judicializarlo, por el supuesto delito de hurto.
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Los hechos investigados ocurrieron en una estación de gasolina del barrio Campo Valdés de Medellín (Antioquia), el 12 de septiembre de 2024, cuando los uniformados, al parecer, capturaron a un hombre, porque supuestamente se movilizaba en una motocicleta hurtada. Minutos después le habrían exigido $5.000.000 para dejarlo en libertad.
La investigación permitió establecer que la víctima consiguió un millón de pesos en efectivo, que les habría entregado a los uniformados. Posteriormente, Cárdenas Carrasquilla y González Murillo, al parecer, se llevaron la motocicleta y hasta el momento se desconoce su ubicación.
Por otra parte, el 7 de octubre de 2024, el subintendente Cárdenas Carrasquilla, presuntamente elaboró un informe falso en el que reportó que el 12 de septiembre encontró una motocicleta abandonada con el chasis y el motor regrabados, sin embargo, no consignó el destino final de la moto.
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En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó los ilícitos de concusión, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por los uniformados.
Los dos procesados fueron capturados por servidores del Grupo Anticorrupción de la Sijín de la Policía Nacional.
Por pedir entre $150.000 y $800.000 para otorgar permisos y otros favorecimientos, además de una exigencia, tras un dinero perdido a unos estadounidenses, el mayor Yismar Andrei Rodríguez Martínez, hasta hace algunos meses era comandante de la estación de Policía Poblado, en Medellín, y su conductor, el subintendente Juan Esteban Osorio, fueron enviados a prisión por la justicia militar.
El 7 de octubre de 2024, justo el día que un ciudadano estadounidense denunció que las autoridades le hurtaron $26 millones, luego de que las unidades de policía fueran a atender un caso de violencia intrafamiliar del extranjero en contra de su pareja, oriunda del mismo país, uno de los uniformados reportó la situación a sus superiores y horas más tarde habría solicitado un permiso.
Para que se lo otorgaran le habrían pedido pagar $200.000 al mayor Rodríguez Martínez y a su hombre de confianza, el subintendente Osorio. Sin embargo, según la denuncia, el mayor habría calificado este monto como una “chichigua”, pensando que el policía se había quedado con parte de la plata perdida al estadounidense.
“Esas miserias se las iba a devolver porque no le iban a salir con esas chichipatadas después de lo que había pasado”, señaló la fiscal del caso haciendo referencia a una de las conversaciones sobre la petición hecha ese lunes. Finalmente los $200.000 fueron reintegrados a la cuenta del policía que los había pagado para el permiso.