Con miras a las elecciones atípicas de gobernador del Putumayo y alcalde de Puerto Guzmán, que se realizarían el próximo 23 de febrero, este jueves el registrador nacional, Hernán Penagos, prendió las alarmas y llamó la atención por la situación de inseguridad y violencia por cuenta del accionar de grupos armados.
Según el funcionario, quien elevó un llamado para que se garantice el voto libre en Putumayo, es necesario que el Ministerio de Defensa ofrezca garantías de seguridad por la posible intervención de grupos armados ilegales en los comicios.
“Hay preocupación y el mismo Gobierno lo ha advertido. La Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio del Interior han señalado circunstancias difíciles en materia de seguridad y orden público. Se hace necesaria la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar el derecho al voto libre”, sostuvo Penagos.
En esa línea, advirtió que en el departamento del Putumayo los ciudadanos pueden llegar a ser instrumentalizados, un hecho que impide el ejercicio del derecho al voto libre de los ciudadanos.
“Diferentes autoridades han advertido sobre dificultades en materia de seguridad y orden público en el departamento, luego, se hace necesario la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho al voto libre”, manifestó Penagos.
El registrador, quien recordó que en estas las elecciones están habilitados más de 270.000 ciudadanos, aseguró que los comicios en Putumayo serán la prueba de fuego para el ejercicio del voto libre en Colombia.
“La Registraduría garantiza elecciones transparentes e íntegras, y una logística electoral impecable, pero también las demás entidades del Estado deben proveer, conforme a sus competencias, que podamos llevar a cabo estas elecciones y las que debamos realizar en el futuro sin ninguna dificultad”, agregó.
Recién el martes, con miras a las elecciones atípicas de este 2025, sumado a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, se desarrolló en Bogotá una sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En ella, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su preocupación frente al recrudecimiento de situaciones de violencia y conflicto en medio de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con Alejandra Barrios, directora del organismo, no se evidencia que de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, haya un interés frente a garantizar el desarrollo de los comicios en medio de los procesos y diálogos de paz.
“Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo. Hay unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales y economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país”, explicó Barrios.
Según la directora, no se ha podido alinear la estrategia de paz y seguridad con la estrategia electoral, lo que implica que el país concurra a comicios “de muy difícil manejo que pueden terminar siendo caóticos”, agregó Barrios, quien dijo que la expansión de grupos armados ilegales se traduce “en dificultad para inscripción de candidatos, para la recolección de firmas, para que partidos políticos entren a determinados territorios y la imposibilidad de poder hacer seguimiento y control a la financiación ilegal de las campañas políticas”.
Por ello, pidió articulación para fortalecer la coordinación interinstitucional, particularmente en las regiones donde se desarrollan mesas de negociación o hay presencia activa de grupos armados vinculados a procesos de diálogo. “Es fundamental que esta planificación incluya a las autoridades locales, las organizaciones políticas y las instancias electorales departamentales y municipales para garantizar un enfoque integral”, precisó.