El Ministerio de Salud le envió a la Corte Constitucional un documento de respuesta pidiendo claridades sobre la orden que emitió el pasado 28 de enero respecto a la insuficiencia y a la urgencia de reajuste de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que los gobiernos le entregan a las entidades promotoras de salud (EPS) mensualmente para que garanticen la atención en salud de sus afiliados. El alto tribunal declaró que la unidad de 2024 no alcanzaba para cubrir la demanda de servicios de salud que tuvieron las aseguradoras y que el ministerio debía reajustarla para los próximos años, incluido 2025.
En contexto: Corte dice que aumento de UPC en 2024 fue insuficiente y ordena a MinSalud hacer mesas técnicas para ajustarla.
En el documento de 50 páginas —firmado por el director jurídico (e) de esa cartera, Rodolfo Salas—, el ministerio insiste en que el alto tribunal tomó esa determinación sin contar con las pruebas suficientes y que lo hizo hasta sin sustento técnico.
En ese sentido, esa entidad le dijo a la Corte que basó su determinación del Auto 007 de 2025 —rubricado por el magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas— en los pedidos que habían hecho con anterioridad las EPS y las organizaciones que las agremian, en referencia a Acemi y Gestarsalud.
“Tras considerar como válidas una serie de afirmaciones —sin sustento— realizadas por agremiaciones de las EPS, e incluso, por las EPS propiamente dichas”, expuso al respecto el ministerio en la carta que le envió a la alta corte.
Por otro lado, la cartera de salud fue enfática en que no entiende por qué la Corte Constitucional ordenó reajustar la UPC de 2021, 2022 y 2023 porque, a su consideración, no lo justificó y porque la insuficiencia de esta la declaró sobre 2024. Del mismo, modo preguntó por qué el porcentaje de incremento lo considera insuficiente.
Respecto a la orden de la Corte sobre crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), las EPS, las IPS, pacientes y asociaciones de académicos, el MinSalud pidió aclarar el funcionamiento, dirección y decisiones de estas porque, a su juicio, “el tribunal no fue claro” en lo ordenado en el auto.
Vale recordar que la manera de calcular la UPC se hace teniendo en cuenta datos como la inflación anual y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la frecuencia de uso de las EPS (número de veces que la gente va al médico) y el costo de medicamentos, servicios y tecnología en salud. Ante esto, el ministerio expuso en su comunicación que esto puede causar problemas en la contabilidad y en el presupuesto, debido a que no podría —según ellos— hacer el cálculo con suficiente anticipación; además, pregunta si debe hacer pagos de años anteriores a las EPS teniendo en cuenta el reajuste ordenado.
En el cierre de la carta —dirigida a los magistrados que componen la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008— el ministerio recalcó que las ordenes del alto tribunal pueden afectar el funcionamiento del sistema de salud y hasta ocasionar conflictos legales entre las entidades del sector.
Vale recordar que el auto de la Corte en cuestión señaló que el incremento de la UPC para 2024 no alcanzaba para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las aseguradoras en ese año. Una pelea que también llevaban dando dos años académicos, expertos en salud e investigadores independientes.
Así mismo, le ordenó al Ministerio de Salud hacer mesas de concertación para determinar el ajuste de esa unidad y se reforme la metodología que se usa para calcularla en los próximos años, incluido 2025, año para el cual esa cartera definió un ajuste del 5,36 %.
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