Agente del CTI de la Fiscalía capturaron en las calles de Medellín al exgobernador encargado de Chocó Modesto Serna Córdoba, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su responsabilidad en varios delitos durante su cargo.
Cabe recordar que, según señalaron los medios regionales, el pasado 11 de diciembre de 2024 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo proferido en junio 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte, que lo halló responsable de los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros.
Para entender el caso hay que remontarse al año 2007. En ese entonces, según los archivos periodísticos, Serna Córdoba se desempeñó como gobernador encargado de Chocó por tres días. Es decir, desde el 30 de julio y el 1 de agosto de ese año.
Serna Córdoba, quien era Secretario de Gobierno de Chocó, se desempeñó como gobernador encargado del departamento y justo en esos tres días expidió varios documentos -tres constancias, una certificación y una transacción extraprocesal-, a través de los cuales, de forma ilegal, reconoció el pago de cesantías, prima de Navidad y sanciones moratorias a personas a quienes no se les debían esas acreencias.
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Por ejemplo, con estos documentos se reconocieron pagos por cesantías y sanciones moratorias a 101 docentes. Sin embargo, de estos, 62 no cumplían con los requisitos exigidos por la ley para obtener los beneficios económicos.
Según la Corte Suprema, en 2022, esos reconocimientos se hicieron sin verificar la considerable cantidad de personas a las que se les reconocerían las prestaciones y la sanción por mora en el pago, y sin revisar si tenían vínculos con el departamento, contrato laboral o de prestación de servicios, si había lugar a las prestaciones sociales, desde qué fecha, si se habían pagado o no y, por ende, si el departamento debía pagar el castigo por mora.
“El acusado actuó de manera en extremo apresurada, pues en un solo día (o máximo al siguiente), según sus palabras, realizó múltiples y complejas gestiones: recibió las peticiones, verificó aquellos aspectos, realizó los cálculos, redactó y firmó las constancias e, incluso, fue a la oficina judicial a hacerles presentación personal”, señalaba en 2022 la sentencia de primera instancia.
Además, la Sala determinó en ese entonces que el gobernador encargado obligó al departamento a pagar unos dineros que eran objeto de cobro judicial y frente a los cuales el ente territorial ya había formulado excepciones de fondo que atacaban la validez del pago de ese título ejecutivo.
Volviendo a 2024, según señaló la Corte Suprema en su ratificación, Serna Córdoba –en su condición de gobernador encargado de Chocó– era la máxima autoridad administrativa del departamento con capacidad de administración y disposición sobre los recursos de la entidad y aun así fue quien expidió los actos que derivaron en los delitos por los que fue condenado en 2022.
La Corte Suprema confirmó entonces la responsabilidad del exgobernador como autor de un delito de peculado por apropiación en favor de terceros, 5 de prevaricato por acción y uno de fraude procesal.
Por eso, se confirmó que Serna Córdoba deberá pagar siete años y seis meses de prisión, así como una multa de $3.486 millones y sufrirá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ocho años. Además, deberá pagar a favor del departamento del Chocó la suma de casi $11.000 millones.
Según ha trascendido, en la confirmación de la condena, la Corte Suprema también negó la solicitud de que Serna Córdoba cumpliera su condena en prisión domiciliaria.
Fue entonces bajo este contexto que el exgobernador (e)–quien recientemente se hallaría haciendo proselitismo a favor del movimiento progresista Fuerza Ciudadana y con el que habría aspirado a la alcaldía de Quibdó en 2023– fue detenido en las calles de Medellín posteriormente trasladado al Búnker de la Fiscalía en el barrio Caribe en espera de que se defina su sitio de reclusión.
La detención de Serna Córdoba se da luego de conocerse que este mismo tribunal condenara también a otro exgobernador del Chocó identificado como Efrén Palacios Serna por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, hechos ocurridos en 2013.
Los delitos de Palacios Serna habrían desviado cerca de $1.600 millones que salieron de las arcas chocoanas.