Cuando Camila Cardona recibió las fotografías de su madre, esposada y custodiada por hombres armados del Ejército de Venezuela, recordó la última conversación que tuvo con ella en la noche del 29 de enero, mientras su mamá iba camino a su casa, ubicada en Puerto Inírida, Guainía, alistándose para atravesar la frontera entre Colombia y Venezuela después de comprar mercancía al otro lado del río.Eran las diez de la noche y Francened Cortés Tabares le pidió cuidar de su bebé, quien se oye llorar al otro lado de la línea telefónica, mientras Camila cuenta la historia de los 18 días de búsqueda en los que ha estado esperando que el régimen venezolano le dé noticias de su progenitora y de un grupo de seis colombianos más, quienes fueron detenidos señalados de ser terroristas y dedicarse a la minería ilegal.Lo último que supo de Francened fue en esa llamada. Colgaron y la vida de Camila se convirtió en un laberinto sin respuestas en el que la única información que llega proviene de terceros. Ella y otros connacionales (Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Ever Velásquez y María y Yurani Acosta) fueron retenidos en la madrugada del jueves 30 de enero, presuntamente mientras se desplazaban por el Alto Orinoco venezolano.El comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández, aseguró que su captura se dio en el marco de la operación Neblina 2025 y que estos fueron interceptados transitando por el río Cunucunuma “presumiendo que estos están involucrados en actividades relacionadas con el ejercicio de la minería ilegal en la zona”.El uniformado, un soldado que exhibe fotografías con el dictador Nicolás Maduro y videos de operaciones militares en sus redes sociales, no dio más noticias de ellos, pero el anuncio que hizo en su cuenta de X llegó hasta las familias. Así fue como se enteraron de que sus seres queridos estaban desaparecidos en Venezuela, detenidos por las autoridades del régimen y acusados de un delito que ellos, afirman, no cometieron.No existe una notificación judicial de la captura, tampoco el derecho a una llamada de ellos para que su voz al otro lado del teléfono sirva como una prueba de vida, y los relatos de la desaparición se construyen como una colcha de retazos en la que intentan develar, por lo menos, en qué municipio y en qué centro de reclusión están.“Estamos desesperados. Les pedimos que, por favor, nos den información, que los traten con dignidad y respeten sus derechos. Ellos no son terroristas. Mi mamá es una persona que ha ayudado a muchos en el pueblo y no merece pasar por esto”, clamó Camila.La retención fue cerca de la zona de frontera mientras se desplazaban por el río. Entonces, aparecieron fotografiados, bajándose de las lanchas con las manos esposadas, custodiados por sujetos armados y uniforme camuflado.Por los relatos de otros presos que sí tienen contacto con sus abogados se enteraron de que el domingo llegaron a Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas, y se rumora que desde allá los habrían enviado a Puerto Ordaz, sector de la Ciudad de Guayana, o a El Helicoide, la cárcel ubicada en Caracas que usa la dictadura como centro de tortura. La Cancillería tampoco tiene información de los cargos que se les imputan o del sitio de detención.“Los secuestraron en Colombia”A Astrid Arias le dejaron un mensaje desde un número desconocido, prometiéndole noticias de su hermano Ever Velásquez a cambio de dinero. Una llamada con él tenía el costo de 650.000 pesos y la familia accedió a pagar esa suma porque ni los abogados, ni las organizaciones defensoras de derechos humanos que contactaron habían podido dar con su paradero.El interlocutor se presentó como un funcionario militar que entregaba información “por humanidad” y le pidió hacerle una transferencia a cambio de la conversación con Ever, una ‘vacuna’ por tener noticias de su hermano, porque estaba claro que no le darían ningún tipo de reporte oficial hasta que él fuera presentado formalmente ante los jueces.Ese funcionario le sugirió no hacer ruido sobre la detención porque, si el tema se comentaba a la luz pública, podrían ser trasladados. El dinero fue transferido el 7 de febrero, pero la llamada no se concretó, tampoco hubo una prueba de vida de Ever y la comunicación con el supuesto oficial carcelario quedó cortada. Esa fue la última ocasión en la que tuvo indicios de él.“Necesitamos que se cumpla el procedimiento. Esta es una captura ilegal, ellos no han sido presentados para nosotros conocer cuáles son los cargos. Es una violación a los Derechos Humanos y a los tratados de los pueblos indígenas en América Latina. Es una desaparición forzada”, aseveró.Un periodista de la zona relató que los connacionales que transitan por esa geografía están siendo detenidos en las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra la minería ilegal, sin que ellos tengan cómo defenderse porque portar una cédula colombiana es una sentencia de reclusión; y una defensora de Derechos Humanos contó que, cuando acudió a un centro de reclusión en Amazonas para indagar por el paradero de estas personas, un agente de la Policía le respondió que lo mejor que podía hacer era no preguntar y retirarse del lugar.Ninguno de ellos quiere dar su nombre porque saben que en la zona de frontera la libertad de aquellos que hablan con los medios para advertir sobre la situación que allí se vive corre peligro, tampoco lo da un abogado que recorrió las oficinas de los cuerpos de seguridad del Estado preguntando puerta a puerta por ellos. El jurista pudo constatar que muchos de los detenidos son indígenas.En esta historia no hay certezas. El Ejército venezolano asegura que ellos fueron retenidos en territorio venezolano, en el Alto Orinoco, pero los relatos de las comunidades indígenas de la zona indican que la captura se habría efectuado en el sector de Bocas del Casiquiare, en el poblado de San Felipe, ubicado en el departamento de Guainía. Es decir: los agentes de seguridad del régimen habrían entrado a territorio colombiano para hacer operaciones militares en medio de la noche.“Queremos que sepan que a ellos los secuestraron en Colombia, no en Venezuela. Los militares venezolanos no pueden seguir llegando a nuestro país a hacer lo que quieren sin que nadie los pare”, reclamó Lisandro Gómez, otro de los familiares que espera noticias de este lado de la frontera.Ya se cuentan 18 días desde la desaparición de los colombianos. En los resguardos indígenas de Curripaco, Coco Viejo y Zamuro esperan su regreso, y las familias tocaron la puerta de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) para solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de esclarecer el caso que salió de una frontera en la que imputan delitos sin el debido proceso.
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