En la tarde del pasado viernes, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño Riaño, presentó ante sus compañeros su impedimento para seguir estudiando la acción de tutela radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.El magistrado manifestó que no podía seguir estudiando el caso, pues tenía un conflicto de intereses, puesto que su esposa, hace algunos años, había trabajado en la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre, una de las víctimas reconocidas dentro del proceso penal contra el exmandatario.Exfiscal General Eduardo Montealegre denunció al magistrado del Tribunal Superior que se declaró impedido para estudiar la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9SaeEnKFrC— Revista Semana (@RevistaSemana) February 18, 2025 Debido a esto, este martes, el exfiscal general presentó una denuncia por el delito de prevaricato por acción en contra del magistrado Riaño, asegurando que incurrió en un actuar irregular, pues fue el mismo togado el que firmó el fallo que ordenó suspender la continuación del juicio contra Uribe, mientras se tomaba una decisión de fondo.En este sentido, consideró que de manera extraña el magistrado Riaño se acordó de la vinculación laboral de su esposa, cuando ya había tomado una decisión tan trascendental y no antes. “Después de dictar la medida cautelar, el magistrado se declara impedido (…) Cuando el magistrado asume el conocimiento del proceso, ya sabía que yo era víctima. Entonces, si sabía que estaba impedido porque dicta la medida que favorece al expresidente Uribe”, aseveró Montealegre.Con esto, indicó el exfiscal general, el magistrado Riaño sabía que “no era independiente y no contaba con la trasparencia suficiente para estudiar este proceso”. Por esto, le pidió a la Fiscalía General investigar al togado por actuar de forma contraria a la ley.Para el exjefe del ente investigador, la acción de tutela presentada el pasado martes por la defensa del exmandatario es “totalmente temeraria” y lo que se está buscando es la prescripción del proceso que se le adelanta por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.“Yo sí tengo que expresar que la defensa técnica del expresidente Uribe y el letrado (Jaime) Granados están, desde hace varios años, en maniobras dilatorias para lograr la prescripción”, indicó. “En la época de (Francisco) Barbosa y del señor (Gabriel) Jaimes se cometieron una gran cantidad de maneras delictuosas, solicitando preclusiones indebidas”, agregó.El exfiscal espera que el Tribunal niegue las pretensiones de la acción de tutela y ordene la reactivación del proceso penal.En la acción de tutela se pide la protección de los derechos fundamentales del expresidente Uribe al debido proceso y la legítima defensa. Los cuales han considerado vulnerados con la posición de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, quien ha emitido un prejuzgamiento y ha impedido, presuntamente, la práctica de pruebas documentales y técnicas.En la etapa de juicio contra el expresidente Uribe está pendiente la continuación del interrogatorio del senador Iván Cepeda.
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