La comunidad indígena de Junta ha sufrido el desarraigo de la tierra durante más de 10 años. Ha sentido el rigor de la pobreza, del abandono, de enfermedades que antes no conocía, de habitar suelos donde no puede sembrar ni caminar en armonía absoluta con la naturaleza, como lo dicta su ancestralidad.
“Estamos aburridos en pueblo, queremos un territorio propio”. Lo dice Fernando Bailarín, el gobernador indígena de esta comunidad que salió desplazada por la violencia desde Chocó, en 2013, y desde entonces habita en el casco urbano de Urrao, municipio del Suroeste antioqueño, donde han tenido lo básico para sobrevivir, pero donde sienten que les falta todo. Ya están cansados de residir en calles de cemento, en casas de ladrillo, hacinados, con fogones de dos puestos en los que no pueden ni siquiera cocinar apegados por completo a sus tradiciones.
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Dice el gobernador indígena que son 45 familias que agrupan a unas 318 personas y que la situación ya se torna insoportable, porque llevan esperando que los reubiquen desde hace varios años y que ningún gobierno nacional hasta ahora ha cumplido la promesa de hacerlo: “A pesar de que la administración de Urrao nos ha incluido en su oferta, queremos un territorio propio, porque hemos tenido pérdidas humanas, los niños viven enfermos porque vivimos hasta cinco familias en sola casa; además, estamos perdiendo la identidad cultural y las costumbres, ya queremos sembrar para nuestras familias”.
Alba Hernández, enlace municipal de víctimas de Urrao, explica que desde que la comunidad de Junta llegó allí les han brindado atención en salud y educación con recursos locales, mientras que desde la Unidad para las Víctimas han apoyado con la alimentación. No obstante, como reconoce la misma funcionaria, los indígenas han sufrido de forma paulatina la desfragmentación de su cultura y saberes ancestrales, y se enfrentan al contagio de enfermedades que en sus territorios no tenían, como los brotes de tosferina actuales, así como a carencias económicas y, muchas veces, a condiciones insalubres.
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El desalentador panorama para estas familias las llevó a levantar su voz de forma pública para pedirle al gobierno nacional que acelere las gestiones o haga algo adicional a su alcance para reubicarlos en predios que dicen que ya existen y en los que esperan recuperar una vida como la que tenían antes de ser expulsados de sus tierras por causa de la guerra.
“El trámite es lento, las comunidades estamos cansadas de estar de reunión en reunión, y no se llega a nada; exigimos respeto a los indígenas que también merecemos atención. Desde el año pasado se volvió a iniciar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el proceso de compra del predio, el municipio ya avanzó y tiene todo listo, pero las instituciones del gobierno están calladas”, sostuvo Bailarín.
Sobre este tema, el secretario de Gobierno de Urrao Víctor Alonso Caro manifestó que desde 2020 se han instalado mesas de trabajo con las partes involucradas, de las que han surgido compromisos, pero que hasta el momento no han llegado a buen término. El funcionario afirmó que el año pasado la administración se reunió de nuevo con la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas, con el fin de avanzar en el proceso de reubicación y que ellos, como Alcaldía de Urrao, identificaron predio e hicieron la subsanación requerida, pero que no se ha logrado un avance.
Este medio conoció un radicado enviado a la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT en el que se referencia la manifestación de voluntad del gobernador Bailarín para que en la constitución del resguardo indígena se incluyan unos predios ubicados en la vereda san José de la Montañita, en Urrao, donde tienen la esperanza de habitar.
Al respecto, desde la ANT le informaron a EL COLOMBIANO que fueron postulados para la venta dos predios por parte de un ciudadano, actuando como vendedor voluntario, con el fin de aportar a la dotación de tierras de la comunidad indígena de Junta. La dependencia también señaló que la solicitud de adicionar dichos predios a este proceso de reubicación fue analizada por su equipo jurídico, el cual encontró la “necesidad de recabar más información en lo que respecta a la cadena de tradición del dominio”.
Este trámite es indispensable para determinar la viabilidad jurídica de los predios y continuar con el proceso, pero no ha sido reportada por el ciudadano propietario de los predios, pese a que se la solicitaron por medio de radicados, según añadieron desde la ANT. Y afirmaron que dicha información se la enviaron al gobernador indígena en una respuesta con fecha del pasado 27 de agosto.
Lo cierto es que los indígenas poco saben de trámites y radicados, pero sí mucho sobre lo difícil que es anhelar una tierra de la que salieron obligados y a cambio sufrir el desarraigo, la falta de empleo y oportunidades, la pérdida de las costumbres, el hacinamiento y los brotes de enfermedades que los aquejan no solo a ellos, sino a otras comunidades del Suroeste antioqueño.
“Alzamos la voz para que nos escuchen y aceleren los procesos. Pido la mirada del gobierno nacional y departamental en atención a ésta comunidad de Junta, para la reubicación rápido”, clama el gobernador Bailarín en nombre de su comunidad.
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