Pánico en Jamundí; Disidencias impiden el levantamiento del cuerpo de un joven al que asesinaron por ser “informante”

Es grave la situación de orden público en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Como si de la tragedia griega de Antígona se tratara, los habitantes no pueden enterrar a sus muertos, víctimas del conflicto armado.SEMANA conoció la denuncia de los habitantes de dicho municipio que aseguran que el viernes pasado las disidencias asesinaron a un joven señalado de ser informante del enemigo.El cuerpo fue dejado ahí a la vista de todo el mundo en el sector conocido como la Berta. Debido al miedo y la zozobra, las pocas funerarias que aún existen no han llegado hasta la zona.Mientras que la policía, por las amenazas de los grupos armados ilegales, no pueden ir hasta esa zona por miedo a una emboscada. “Esto es un acto inhumano”, precisó el denunciante, quien, por motivos de seguridad, no revelaremos su nombre ni ningún dato que permita su identificación.“Las familias de Timba cada día viven en medio del terror de un conflicto armado. Y ahora tienen que vivir la descomposición de un cuerpo en medio de la comunidad”, detalló. Tras hacer el reclamo, las autoridades manifestaron que estaban al tanto, pero hasta el momento no se ha enviado a nadie para que realice el levantamiento del cuerpo.Esta situación, a todas luces inhumana, representa, aumenta el miedo y la incertidumbre entre los habitantes de la región que consideran que el Estado no hace presencia.SEMANA intentó comunicarse con las autoridades del Valle del Cauca para tener más información sobre esta situación, pero no fue posible realizar un contacto.La historia se repiteEste tipo de actos, que están plenamente prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se presentó en medio de la grave crisis de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, que estalló en enero pasado.Los subversivos del ELN y los integrantes de las disidencias de las Farc, prohibían enterrar a las decenas de víctimas del conflicto bélico que comenzaron por el control del territorio para sus actividades de narcotráfico. Esta situación fue ampliamente denunciada por la Defensoría del Pueblo, que le envió un mensaje a los comandantes de los grupos armados ilegales para que permitieran el ingreso de las autoridades para los levantamientos y su respectiva identificación, con el fin de darles sagrada sepultura.