La canciller Laura Sarabia estuvo este lunes en Ginebra (Suiza) y representó a Colombia en su primera participación de Estado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: allá la funcionaria sentó posición sobre las políticas migratorias. Mientras tanto, en un auditorio de Bogotá, la misma ONU entregó un informe que dio cuenta del recrudecimiento del conflicto y de sus consecuencias humanitarias durante 2024.
Se trata del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH). La presentación del documento ocurrió en medio de las crisis de violencia que enfrentan regiones como Chocó y Catatumbo por la disputa territorial que sostienen los actores armados.
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Es que la disputa por el territorio, advirtió el Alto Comisionado, sigue siendo una de las mayores problemáticas en Colombia que, a su vez, desencadena en otros flagelos como la pobreza extrema y el acceso a derechos fundamentales como salud, educación y vivienda.
Durante el año pasado, dice el informe, se registraron 51.000 desplazamientos forzados en Colombia –cifra que ya fue superada en los primeros dos meses de 2025 con la expulsión de 53.630 campesinos en la región del Catatumbo– y se registraron confrontaciones que tuvieron a 138.000 personas confinadas en distintos momentos del año.
La ONU se detuvo y encendió alarmas sobre las afectaciones que genera el conflicto armado a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Solo el año pasado verificaron 216 casos de reclutamiento forzado.
Las víctimas de este delito fueron 118 niños, 86 niñas y 12 menores cuyo género no pudo ser confimado. Eso sí, la mayoría de ellos son indígenas o pertenecen a las comunidades afrodescendientes con 125 de los casos.
“Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos, haber sido usadas para el reclutamiento de otros niños y amenazadas tras su desvinculación del grupo. El ACNUDH documentó casos de niños y niñas asesinados en el marco de hostilidades, o como resultado de represalias internas del grupo”, se lee en el informe.
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En el informe quedó documentado el caso de dos niños que fueron reclutados en el departamento del Guaviare y que, posteriormente, fueron torturados y asesinados por el actor armado. También alertaron que las familias de las víctimas en muchos casos fueron amenazadas cuando intentaron denunciar los hechos o recuperar a sus hijos.
“Debido al temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de reclutamiento no se denuncian ante las entidades públicas”, añadió el Alto Comisionado.
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En el informe también se advirtió de un caso que ocurrió en el departamento del Chocó: una joven decidió suicidarse para evitar el reclutamiento forzado. En este punto llamaron la atención de la Defensoría del Pueblo y el ministerio de Salud para que implemente proyectos de salud mental, especialmente, entre las niños de la comunidad Embera de Chocó y Risarlada.
La ONU también recogió denuncias sobre la manera en la que los ilegales ingresaron a escuelas para entregar propaganda, kits escolares y hasta uniformes. Advirtió, además, de los constantes combates y siembra de minas antipersonales en inmediaciones a las instituciones educativas: conocieron el caso de una niña de 10 años que cayó en un campo minado mientras caminaba de su casa a la escuela en Caquetá.
La ONU le sugirió al gobierno que –en el centro de las mesas de la paz total– esté el tema del reclutamiento forzado para evitar que los niños menores de 18 años terminen por ingresar al círculo de la guerra.
“Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas preventivas y de atención en casos de reclutamiento y desapariciones forzadas, incluido el mecanismo de búsqueda urgente y la Alerta Rosa”, recomendó la ONU.
El informe también se detuvo a analizar la política de paz total que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Alllí asegura que los ministerios debería trabajar de manera más articulada y eficaz en esta materia y que persiste una desarticulación entre el Gobierno central con las administraciones territoriales para fortalecer la gobernabilidad.
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La ONU le pidió al Gobierno implementar estrategias territoriales que permitan proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de los actores armados ilegales.