La Procuraduría Generación de la Nación formuló pliego de cargos en contra de cuatro personas que se desempeñaron como ediles en el periodo 2020-2023, en el corregimiento Santa Elena de Medellín por presuntamente participar en la expedición irregular de unos certificados de residencia para beneficiar a particulares con programas educativos.
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La investigación del Ministerio Público trata de establecer si los cuatro exintegrantes de la Junta Administradora Local (JAL) habrían extralimitado sus funciones para la expedición ilegal del acuerdo local 002 del 30 de noviembre de 2021, por medio del cual se le otorgaron certificados de residencia en Santa Elena a personas de otros lugares. A los investigados se les señala de presuntamente haber votado de forma positiva y aprobado dicho acuerdo.
Con esta presunta acción, los cuatro exediles habrían buscado que las personas a las que les entregaron los certificados de residencia se beneficiaran de proyectos de educación con recursos de Presupuesto Participativo de Medellín que tenían como uno de los requisitos haber terminado el bachillerato en instituciones educativas de Santa Elena.
Las personas que se beneficiaron con este hecho eran de otros municipios del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, como Bello, Copacabana, Guarne, Rionegro, El Retiro y Envigado. De acuerdo con la Procuraduría, los cuatro investigados, por medio del acuerdo local, habrían otorgado a la JAL competencias para dar visto bueno a los certificados de residencia, que son expedidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) e Inspección de Policía.
El Ministerio Público dio a conocer que la investigación la adelantan en contra de los exediles Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Bahos.
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En consideración de la Procuraduría, los presuntos responsables de estos hechos habrían extralimitado el ejercicio de sus funciones y la conducta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
Este es un episodio más que tiene que ver con denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos de Presupuesto Participativo de Medellín, que son priorizados cada año por los ciudadanos que escogen cuáles proyectos o programas quieren que se fortalezcan en sus comunas y corregimientos, pues la inversión equivale al 5% de los recursos de inversión del Plan de Desarrollo.
Y las denuncias se sintieron con mayor fuerza en la pasada administración, por varias presuntas irregularidades entre las que hay algunas relacionadas con recursos para educación. Lo cierto es que aunque estas presuntas irregularidades tuvieron su mayor eco en la pasada alcaldía, no es algo nuevo ni exclusivo de la misma, por lo cual los veedores y líderes de las comunidades han mantenido el llamado a hacer un control riguroso a la ejecución y la distribución de los recursos del Presupuesto Participativo, una promesa que hizo la actual administración de Federico Gutiérrez y que la ciudadanía espera que se cumpla.
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