La renuncia de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía, que fue aceptada por el presidente Gustavo Petro este 25 de febrero, provocó una ola de reacciones en el sector energético y político: mientras uno destacaron sus avances en la transición energética; otros cuestionaron que, bajo su liderazgo, las empresas del sector han sorteado una crisis que las ha tenido ad portas de un apagón financiero y físico.
Durante su gestión, Camacho se enfocó en preservar la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y, en su lugar, optimizar los ya existentes.
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En su mensaje de despedida, el exfuncionario resaltó los logros alcanzados, en especial los esfuerzos para enfrentar el fenómeno del Niño, la apuesta por la descarbonización de la matriz energética y la transición a energías renovables.
“Logramos superar desafíos como el fenómeno del Niño y la emergencia climática, avanzamos en retos como transformar la matriz energética en nuestro Plan 6 GW, e hicimos una gran apuesta por llevar democracia energética directamente a la gente a través de comunidades energéticas y Colombia Solar”, señaló en su cuenta de X.
Sin embargo, bajo su liderazgo, la cartera también arrastró con problemas graves en cuanto a la autosuficiencia de gas, las tarifas de energía, las deudas millonarias en subsidios con las empresas del sector y los retrasos de algunos proyectos de energía, sobre todos los eólicos.
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Uno de los logros que resalta Camacho de su administración es que el 10 % de la energía del país ya es solar, pasando de 0,2 GW a 2 GW, con más de 100 nuevos parques solares en operación.
Otro avance fue que en la pasada subasta de Cargo por Confiabilidad, por primera vez, el 99 % de la energía asignada fue solar; mientras que el 1% restante fue asignado para plantas térmicas con biomasa: 18 MW correspondieron a la repotenciación de una planta de gas; 25 MW nuevos de una planta de biomasa y 5 MW de ampliación de una planta menor de biogás.
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Con esto, el país pasará de una capacidad efectiva neta actual de 19.904 megavatios (MW) a 26.184 MW a 2027. Es decir, cerca del 26 % de la matriz energética del país para ese año estará conformada por fuentes renovables.
Cabe anotar que, aunque en 2024 se cuadriplicó la capacidad instalada renovable respecto a 2023, se estimaba que el país terminaría con 65 proyectos solares, pero lo hizo con 33. También que se movilizarían US$2.200 millones en inversiones, pero apenas se llegó a US$1.000 millones.
En cuanto a la democratización de la energía, Camacho impulsó 278 comunidades energéticas, que beneficiaron a 25.000 hogares. El programa incluyó 1.900 comunidades financiadas y 1.405 estructuradas con recursos por $210.000 millones, además de la construcción de seis municipios energéticos en zonas como La Guajira, Bolívar y Sucre.
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Julio César Vera, presidente de Xua Energy y analista del sector, resaltó de su gestión “su decisión de profundizar la transición energética justa como una estrategia país, en donde se logró avanzar en el desarrollo de proyectos importantes en materia de energías renovables, sobretodo en solar fotovoltaica, y en la creación y puesta en operación de la estrategia de comunidades energéticas, aunque aún no es muy claro cómo se garantizará su sostenibilidad a mediano y largo plazo”.
Pero una de las tareas en las que Camacho se rajó fue en los avances de los proyectos de energía eólica.
Aunque el año pasado se lanzó la primera ronda de energía eólica costa afuera, un proceso pionero en América Latina que busca asignar entre 1 GW y 3 GW en eólica marina, con la participación de empresas de España, Dinamarca, Bélgica, China, Reino Unido y Colombia, faltan años para que los primeros proyectos estén listos.
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Mientras tanto, aún no entran en operación ninguno de los nueve parques eólicos que se están construyendo en La Guajira, los cuales debían hacerlo desde 2022.
Dificultades en consultas previas, licenciamiento ambiental y demás trámites han sido los principales obstáculos para que estos parques, que suman 1.800 megavatios de nueva capacidad de generación, entren a respaldar la matriz.
Para analistas del sector, en los hidrocarburos Camacho también se rajó. El gas natural, por ejemplo, fue uno de los puntos de mayor discordia durante toda su administración.
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El ahora ex ministro insistió en varias ocasiones que no es cierto que el país fuera a padecer escasez de gas los próximos años: “No hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”, dijo en su momento. Sin embargo, otra postura ha sido la de los gremios del sector.
Desde Naturgas han afirmado que no hay suficiente gas natural local disponible para garantizar la atención sin interrupciones del 100% de la demanda. Según Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, desde diciembre de 2024 los faltantes de gas son del 12 % de la demanda nacional; a finales de 2025 y durante 2026 el déficit se incrementará al 30 %.
Bajo este panorama, y argumentando mayores importaciones de gas para cubrir la demanda, algunas empresas comercializadoras del combustible anunciaron un alza en sus tarifas de hasta el 36 %, razón por la cual el entonces ministro Camacho tuvo un ‘rifirrafe’ con las compañías, pues pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigarlas.
Otro punto negro es la deuda acumulada que tiene el Gobierno con las empresas de energía. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda total asciende, con corte a enero, a $7,4 billones.
De este monto, $2,8 billones corresponden a subsidios; $3,2 billones son de la opción tarifaria; $1 billón deben las entidades oficiales como colegios, hospitales, estaciones de policía, entre otros establecimientos públicos; y $400.000 millones son por saldos que se dejaron de cobrar cuando hubo un alto precio de la energía en bolsa.
Y aunque el Ministerio de Hacienda se comprometió a abonar $800.000 millones para cubrir parte de la obligación en subsidios, a finalizar el mes de abril seguirá estando en alrededor de $3 billones.
Para Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, Camacho también se va “debiéndole a la comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente”.
“Incumplió, además, con la orden que le impartió el Presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1,2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2,8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios (...) Se comprometió en que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía; sin embargo no lo han logrado”, opinó Acosta.
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Al respecto, Vera consideró que el ex líder de la cartera parece que olvidó los sectores de combustibles y biocombustibles, “que tienen grandes retos en materia de abastecimiento, infraestructura, competencia, remuneración de su actividad y crecimiento”.
Desde finales de 2023 los gremios del sector energético colombiano, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Natugas y Ser Colombia, están alertando sobre la posibilidad de una crisis sistémica que haría que el país afronte un déficit de energía eléctrica mínimo en 2027 y máximo en 2035.
Lo anterior sería consecuencia de un cóctel de factores como la ya mencionada falta de pagos de subsidios y de la opción tarifaria a las empresas, cuyos niveles de liquidez podría afectar la prestación del servicio. A esto se suma que la oferta de energía no sería suficiente para satisfacer la creciente demanda de los colombianos y responder, por ejemplo, ante coyunturas como el fenómeno de El Niño.
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, ha lanzado varias alertas sobre el asunto. Una de ellas tiene que ver con que, en este 2025, prácticamente no habrá margen energético para el país, ni para hacerle mantenimiento a las plantas.
“Nosotros llevamos casi tres años diciéndole al Gobierno, ojo con los balances de energía, ojo con la opción tarifaria, ojo con el problema financiero de las empresas, ojo con las empresas que no están contratadas. Que nos hayamos sentado todos a hacer un comunicado no quiere decir que se haya superado la crisis, ni mucho menos que queramos generar una sensación de incertidumbre, esa sensación la tenemos desde hace rato”, dijo Gutiérrez.
El saliente ministro Camacho confirmó que la próxima semana se nombrará quién será el nuevo titular de la cartera minero energética.
Y aunque aún no se sabe quién lo relevará en el cargo, desde hace varios meses circulan versiones de la posible llegada de Edwin Palma, actual interventor de Air-e y miembro de la junta directiva de Ecopetrol.