Los principales hospitales y clínicas de Antioquia advirtieron este jueves que se están quedando sin gasolina para funcionar por cuenta de un billonario hueco financiero que varias entidades del sistema de salud vienen acumulando con ellos durante los últimos meses.
A través de un comunicado conjunto, la red hospitalaria del departamento señaló que la continuidad de sus operaciones está amenazada si dichas deudas no son saldadas.
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Si bien estos gigantescos pasivos no son nuevos, los hospitales señalaron que esta vez el faltante es de $2,3 billones y que el mismo ha estado influido por una caída ostensible en el recaudo durante los dos primeros meses de 2025.
“El crecimiento de la cartera y la disminución del recaudo en los primeros dos meses del año compromete la prestación de servicios vitales, la estabilidad de su capacidad instalada, el bienestar del talento humano en salud y su misión de brindar una atención oportuna y de calidad a la población”, señalaron las entidades.
Dentro de la instituciones firmantes de la alerta se encuentran los hospitales y clínicas de mayor complejidad de la ciudad, como el Hospital San Vicente Fundación (tanto en su sede de Medellín como Rionegro), el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital General de Medellín y el Hospital Alma Máter (antes IPS Universitaria y que tiene a cargo la Clínica León XIII).
Entre los firmantes también están la Clínica Cardio VID, la Clínica CES, la Clínica del Norte, la Clínica del Prado, la Clínica El Rosario, la Clínica Emmsa, la Clínica Las Vegas, la Clínica Medellín, la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, la Clínica Soma, la Clínica Somer, la Clínica Universitaria Bolivariana, la Clínica Vida y el Instituto Neurológico de Colombia.
Entre estas 19 instituciones, que unidas acumulan unas 4.486 camas, se concentra aproximadamente el 72% de capacidad del departamento en materia de Unidades de Cuidados Intensivos, el 68% de la oferta de Unidades de Cuidados Especiales y más de 22.000 médicos, especialistas y trabajadores de toda índole.
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El acumulado de $2,3 billones de pasivos proviene de múltiples actores, que van desde las EPS (tanto las que están intervenidas por el Gobierno Nacional como las que no), las aseguradoras responsables del SOAT y hasta el mismo Gobierno Nacional, a través de entidades como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Los hospitales señalaron además que en meses recientes se han agravado los problemas estructurales del sistema, incluyendo líos como las trabas para la radicación de facturas, problemas en el flujo de los recursos y en general la insolvencia permanente del sistema.
Esta alerta aparece en medio de un panorama lleno de incertidumbre para el sistema de salud por múltiples frentes.
Mientras en la Cámara de Representantes el proyecto de Reforma a la Salud continúa atascado, pese a tener 30 de 62 artículos con luz verde, la presión financiera en todo el sistema ha continuado agravándose, especialmente este año ante la negativa del gobierno a ajustar rubros claves como la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
En este último campo, esta misma semana vale recordar que sin importar una orden emitida por la Corte Constitucional al ejecutivo para que se recalcule la UPC, el Ministerio de Salud aún se niega a hacerlo y hasta ha interpuesto en contraste recursos judiciales controvirtiendo esa orden.
Desde enero pasado, dicho pulso por el incremento de la UPC se intensificó luego de que el gobierno señalara que la misma solo tendría un aumento del 5,36% para 2025, cuando expertos señalaban que al ajuste debía ser de por lo menos 16,9% para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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Dicha UPC, en resumidas palabras, es un valor anual que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud, crucial tanto para que el régimen contributivo como subsidiado puedan ser viables.
Además de este lío, en Antioquia la incertidumbre del sistema ha venido por cuenta también de las intervenciones que ha emprendido el Gobierno Nacional hacia las principales aseguradoras del departamento.
De un universo de unos 6,5 millones de antioqueños afiliados, por lo menos el 85% están en EPS cuyo futuro está en veremos, bien sea por haber sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud o por ya haber pedido retirarse del sistema (como ocurrió con Sura, cuya solicitud fue negada).
En el caso de las intervenidas, hospitales como el San Vicente Fundación habían alertado a mediados de 2024 tener un incremento de hasta el 50% en su cartera, teniendo situaciones especialmente críticas con entidades como la Nueva EPS, que afilia a más de 993.000 antioqueños.
La otra gran EPS con problemas en Antioquia es Savia Salud, de naturaleza mixta e intervenida por la Nación en 2023.
En octubre del año pasado, la información financiera de esa EPS daba cuenta de que sus pasivos ya eran de $1,04 billones (un incremento del 20,7% en comparación con agosto de 2023). Así mismo, las quejas de sus usuarios habían aumentado en un 38%.
Estos indicadores han generado fuertes reparos entre líderes médicos y políticos del departamento, por no encajar con los objetivos con los que el Gobierno Nacional asumió el control de esa EPS, que tiene a 1,6 millones de afiliados y cobija a la población más vulnerable.
Por otro lado, atenciones que antes no representaban un problema, como es el caso de aquellas cobijadas por el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) también se volvieron una pesadilla para los hospitales.
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Desde septiembre de 2024, hospitales como el San Vicente y el Pablo Tobón señalaron por ejemplo que unos cambios adoptados en un decreto expedido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2022, el Decreto 2497, cambió las reglas de juego de esas atenciones.
Según se conoció entonces, uno de los cambios más sensibles consistió en que el gobierno volvió a adoptar un tope de 300 salarios mínimos para las atenciones (si es superado debe ser asumido por la Adres), generando fuertes traumatismos en las facturaciones.
“Esos cambios que trajo la resolución de 2022 han llevado a que en muchas clínicas y hospitales, en los que antes este era un servicio rentable, se ponga un pare a recibir a esos pacientes. Eso es lo que ha demorado las remisiones, las consultas por especialistas e incluso barreras en las consultas de control y tratamientos posteriores”, expresó entonces el coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, Jilmar Rentería Delgado.
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A todos estos problemas se suma además que, por cuenta de la incertidumbre de la reforma a la salud, la demanda de servicios se ha disparado, lo que pone en jaque no solo a la EPS, sino que también agrava la congestión histórica que tienen las principales salas de urgencias de Medellín y su área metropolitana.
“Sin una solución pronta y efectiva, el acceso a la salud de miles de personas en la región y el país está en riesgo, afectando la capacidad de respuesta de la red hospitalaria ante emergencias y tratamientos especializados. La atención de pacientes neonatales, pediátricos, adultos y adultos mayores con enfermedades crónicas, cardiovasculares, oncológicas, renales, respiratorias, entre otras, no da espera”, añadieron los hospitales en su llamado de auxilio.