Varios representantes, senadores y concejales de Bogotá manifestaron un rechazo total a la reciente resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, la cual impone restricciones que podrían afectar el desarrollo de la ciudad y la región metropolitana de Cundinamarca.
La decisión, según los funcionarios, carece de la consulta previa necesaria con las autoridades locales y los ciudadanos, lo que evidenció una falta de diálogo, por parte del Gobierno Nacional, en asuntos que impactan a millones de colombianos.
Los representantes a la Cámara y concejales argumentaron que la resolución presenta dos problemas graves que la hacen inviable para su firma. En particular, advirtieron sobre los impactos negativos que tendría sobre proyectos clave en Bogotá y en más de 39 municipios de Cundinamarca.
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En consecuencia, se anunció que se enviará un derecho de petición formal para solicitar las actas de quienes participaron en los diálogos que llevaron a la creación de dicho documento.
Según reglamentación restringiría el uso del suelo y prohibiría la construcción en zonas rurales, limitando la transformación de sistemas agroecológicos y bloqueando el desarrollo en áreas cercanas a humedales.
Asimismo, se prohibirían actividades productivas esenciales como la ganadería, floricultura y agricultura, lo que generaría un impacto significativo en la economía regional.
Los representantes, entre ellos Carolina Arbeláez, Irma Luz Herrera y Andrés Forero, así como los concejales Daniel Briceño y Julián Uscátegui, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos para que se unan al rechazo de esta resolución.
Además, se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que los derechos de los ciudadanos y el desarrollo regional no se vean vulnerados por decisiones que consideran desproporcionadas.
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Los concejales como Juan David Quintero y Daniel Briceño también rechazaron la imposición de la resolución, alegando que se trataba de un intento del Gobierno de sabotear el desarrollo de Bogotá.
Manifestaron que, aunque están a favor de la protección del patrimonio ambiental, debe existir un proceso de concertación y no una imposición autoritaria.
Finalmente, destacaron que la resolución podría poner en riesgo obras estratégicas para la región, como el metro de Bogotá, el Regiotram y la ampliación de vías importantes. La comunidad, según los concejales, debe estar alerta y unida para defender el progreso y el desarrollo de la capital y su área metropolitana.