Cinco policías enfrentan un proceso judicial como presuntos responsables de un insólito hecho ocurrido el año pasado en una finca ubicada en Girardota, al norte del Valle de Aburrá. Según informó este miércoles 5 de marzo la Fiscalía, los uniformados fueron imputados y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, pero ninguno aceptó los cargos.
Según la investigación del ente acusador, esta historia se remonta al 8 de julio de 2024, cuando el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa y la patrullera Thyana Karina Rodríguez Melo le habrían presentado documentos falsos a un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para que les autorizara dos diligencias de allanamiento en dos lugares distintos, entre los que se encuentra la mencionada finca en Girardota.
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En efecto, en la URI les dieron dicha autorización. Después, el 11 de julio de 2024, ambos uniformados, presuntamente, fueron hasta el predio, ubicado en la vereda Encenillos, de ese municipio, en compañía de los subintendentes Carlos Andrés Jiménez Noguera y Cristian David Valencia Valencia, y del patrullero Jeisson Fernando Rolón Sepúlveda, quienes integraban para el momento de los hechos el Grupo Contra Atracos de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Una vez en la finca, los cinco uniformados habrían procedido con la ejecución del allanamiento y, presuntamente, encontraron una subametralladora calibre 9 milímetros, que es de uso privativo de las Fuerzas Militares. No obstante, según la investigación de la Fiscalía, el arma no habría sido reportada ni dejada a disposición del despacho que ordenó la diligencia. Entre otras cosas, el ente investigador también evidenció durante la recolección de pruebas, que uno de los policías se habría robado en la finca una camándula de oro avaluada en $40 millones.
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Pero el asunto no se habría quedado allí. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados le habrían exigido al propietario de la finca una suma de $150 millones para no proceder con el trámite de judicialización por el delito de porte ilegal de armas de fuego, así como para no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, en vista de que en el lugar se encontraba una adolescente de 15 años, quien era sobrina del hombre.
En vista de la presión, el dueño del inmueble les habría entregado a los policías $20 millones, en inmediaciones de la sede de la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Medellín.
Los presuntos responsables de estos hechos fueron capturados por servidores de la Dijin de la Policía Nacional y dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Fue así como un fiscal de la Unidad de Administración Pública “les formuló imputación, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión”.
Como ya se dijo, ninguno aceptó los cargos y luego el juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en sus residencias.
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