La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para adelantar los procesos de extinción de dominio sobre los dineros que se habrían traficado en hechos vinculados con el ‘Cartel de la Toga’.
Además, solicitó que se investigaran otros hechos que aún no habían sido judicializados, pero que presuntamente también estaban relacionados con la misma organización criminal.
Esta decisión se adoptó en las providencias que confirmaron las condenas contra los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández. Ambos fueron hallados culpables de torcer fallos judiciales a favor de personas aforadas, en lo que se consideró un acto grave que socavó la confianza en el sistema judicial colombiano.
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En sus fallos, la Corte destacó la gravedad de las acusaciones contra los exmagistrados y cuestionó su proceder. Según la Sala, ambos participaron en actos ilegales junto a particulares para influir en investigaciones penales que involucraban a aforados, generando serios perjuicios al sistema judicial.
En la primera de las decisiones, con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa, la Corte ratificó la condena contra Gustavo Malo Fernández, quien fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. Malo había sido procesado por su participación en una red que favorecía a ciertos individuos a cambio de favores económicos.
Por su parte, la Sala también confirmó la condena a Francisco Javier Ricaurte Gómez. Este exmagistrado fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, y utilización indebida de información privilegiada. En su caso, los hechos se centraron en su vinculación con el tráfico de favores judiciales a través de la obtención y uso indebido de información confidencial.
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Con estas decisiones, la Corte Suprema no solo ratificó las condenas impuestas a los exmagistrados, sino que también abrió nuevas puertas para investigaciones adicionales relacionadas con el ‘Cartel de la Toga’.
La compulsión de copias a la Fiscalía para la extinción de dominio y la investigación de nuevos hechos dejó claro el compromiso de la Corte en hacer justicia y erradicar la corrupción dentro del sistema judicial colombiano.