Las publicaciones en redes sociales del presidente Gustavo Petro continúan jugando en su contra. A menudo sus mensajes apresurados ocasionan consecuencias graves tanto para él como para los colombianos. Un claro ejemplo de esto es la crisis diplomática con el Gobierno de Estados Unidos, originada por una publicación del mandatario en plena madrugada.
Otro ejemplo es el reciente fallo del Consejo de Estado que le ordenó al mandatario ofrecer disculpas por llamar “victimarios”, en sus redes sociales, a un grupo de ciudadanos que participó en una protesta social en noviembre de 2024.
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“Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieran que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran cuidad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra”, publicó el Presidente en su cuenta de X, un día antes de la manifestación.
La corporación le dio razón a una tutela radicada por Josías Fiesco Agudelo, quien aseguró que las declaraciones del presidente Petro, además de deslegitimar la protesta, afectaron su derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre.
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“La Sección Quinta concluyó que las afirmaciones del primer mandatario constituyen opiniones, las cuales no se enmarcan en alguno de los supuestos de los discursos expresamente prohibidos por la libertad de expresión”, dice la decisión.
En el fallo, el alto tribunal le da un plazo de cinco días al mandatario para que se disculpe a través de las redes sociales de la Presidencia, el DAPRE y su cuenta personal de X. El primer mandatario tendrá tres días para impugnar la decisión del Consejo de Estado.
“Ordenar al Presidente de la República Gustavo Petro a comprometerse a respetar los derechos de la oposición política y desistir de sus declaraciones deshonrosas. Y a realizar un curso en derechos humanos para garantizar su compromiso”, se lee en la decisión.
Para el Consejo de Estado, “las afirmaciones del jefe de Estado resultaron discriminatorias, pues con ellas se puede estigmatizar, excluir, invalidar y desvalorizar las críticas de la oposición”.