Una lamentable tragedia se registró en el asentamiento Santa Helena, ubicado en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde una mujer falleció y por lo menos otras 10 personas resultaron lesionadas, al parecer, por cuenta de una descarga eléctrica cuando se disponía a conectar un electrodoméstico de cocina, según confirmaron las autoridades de gestión del riesgo.
Desde la Federación de Asociaciones del Asentamiento Santa Helena también confirmaron que el hecho se registró este jueves 6 de marzo y que la víctima es una mujer de 31 años. Asimismo, informaron que el accidente se registró horas después de que se realizara en ese predio una visita convocada en el PMU y citada por el inspector de Policía, para “revisar el despeje de las líneas eléctricas, de gas y de agua que pasan por el asentamiento”. En dicha visita habrían participado, según la federación, entidades de servicios públicos como EPM, Promigas y Aguascol.
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Aunque todavía no se tiene un reporte oficial sobre las causas exactas de este fatal accidente, desde la federación indicaron que, al parecer, se generó una descarga eléctrica debido a un aumento en la tensión.
Santa Helena es considerada la invasión de tierra más grande de Colombia y se ha ordenado el desalojo de las miles de familias que allí se asentaron. De hecho, en febrero de este año, EPM había alertado que en la zona había un alto riesgo de descargas eléctricas por cuenta del paso de una línea de 110.000 voltios que suministran energía a todo el Bajo Cauca antioqueño.
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Este lote, de 378 hectáreas, además se ha visto afectado por la conexión irregular a estas redes de energía en medio de los altos riesgos que representa para quienes las intervienen con el fin de suministrar el servicio a los cambuches y demás propiedades construidas de forma irregular en la zona urbana de este municipio y que estaría en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según la Gobernación de Antioquia.
En el comunicado de la Federación, por su lado, señalaron que muchos barrios de ese asentamiento cuentan con líneas de energía desde hace casi un año y que hasta la fecha no se había registrado un accidente de esa magnitud ni otros de menos envergadura. “Por lo tanto, solicitamos a los entes privados y estatales con funciones en esta visita, en especial a EPM, que tomen las medidas técnicas necesarias, no represivas ni policiales, para garantizar la seguridad de los pobladores del asentamiento”, manifestaron.
El asentamiento ha sido un problema social complejo para el municipio. Por lo menos 5.000 familias se tomaron el predio desde marzo de 2024 y se adueñaron de pedazos de tierra con lotes que tienen, en promedio, 6 metros de frente y 12 de fondo, para construir sus viviendas con lo que tenían, así fueran palos y plásticos. El lugar, que en su momento perteneció a Juan Gabriel Úsuga Noreña, un condenado por lavado de activos que en 2001 fue extraditado a Estados Unidos, actualmente sirve como el vecindario de las familias más necesitadas de varios municipios del Bajo Cauca antioqueño que encontraron allí la posibilidad de tener una vivienda.
Varias autoridades han pretendido que el lugar sea desalojado y entre las causas alegan riesgos como el alertado por EPM con el suministro de energía. De hecho, en febrero de este año, la empresa había indicado que varias personas que están interviniendo las redes de energía que pasan por este predio y que no se puede suministrar ningún servicio de forma oficial hasta que no se resuelva el conflicto que rodea a este predio y se legalice para poder urbanizarlo
Desde la Federación, luego de conocida esta tragedia, pidieron que se revise cuanto antes el tema técnico del suministro de energía, para evitar que otro hecho similar se presente, y solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el ICBF y demás organismos pertinentes de derechos humanos para que orienten y atiendan a las familias afectadas, en especial a la de la mujer fallecida, pues no cuentan con un auxilio funerario.
Entre tanto, el asentamiento sigue en medio de los conflictos por los intentos de desalojo que ha tenido la Alcaldía de Caucasia y la SAE con el fin de recuperar el predio. Aunque ya se habría logrado recuperar más de la mitad del predio, la cantidad de familias que están allí se cuentan por miles.
Hace unas semanas, la administración municipal había anunciado que se esperaba tener una articulación con otras entidades para lograr un proceso de concertación en el que la comunidad acepte el desalojo voluntario. Mientras tanto, las personas que allí quedan pide garantías para sus derechos.
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