El primer operativo ordenado por el Gobierno Nacional para bombardear a las estructuras criminales que se disputan a sangre y fuego el Bajo Cauca antioqueño encendió las alarmas entre varias organizaciones encargadas de estudiar y hacer seguimiento al conflicto armado.
La Fundación Sumapaz emitió una alerta buscando instar a las Fuerzas Militares a reforzar su protección sobre la población civil, que en municipios como Cáceres está quedando en medio del fuego cruzado y eventualmente podría verse expuesta a afectaciones por cuenta de esos operativos.
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Así lo planteó Óscar Yesid Zapata, vocero de esa fundación, señalando que aunque lo aconsejable es que el Estado use el máximo de sus capacidades para confrontar a los grupos armados, los operativos de bombardeo también se prestan para que los integrantes de esas organizaciones intimiden a la población para permitirles mezclarse con ellos.
“En la medida en que estos bombardeos no afecten a la población civil, consideramos que es lo más aconsejable. Creemos que cuando existen esas posibilidades de bombardeo, los grupos armados buscan camuflarse entre la población civil, lo que aumenta los riesgos de que en estos bombardeos caigan personas, niños, niñas, mujeres, que no tienen nada que ver con el conflicto”, expresó Zapata.
En el caso de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño en donde se realizó el primer bombardeo, desde la Fundación Sumapaz alertaron también que hay indicios de familias que se están viendo forzadas a abandonar sus casas y desplazarse tras quedar en medio de las confrontaciones entre grupos armados.
“No tenemos hasta el momento el censo, pero no descartamos que estos desplazamientos se estén dando de manera considerable, algunos hacia el casco urbano, otros van desplazados hacia otras zonas, pero la situación es que el Estado Colombiano no le está brindando las garantías de seguridad a esta población”, dijo.
“En la zona hay presencia del ELN, las disidencias de las Farc y hay una avanzada territorial del Clan del Golfo. Entre estos tres grupos ponen a la población civil en medio de un conflicto que pone en riesgo su integridad”, añadió.
Cabe recordar que los bombardeos en cuestión fueron confirmados por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes 6 de diciembre, como parte de una operación emprendida por las Fuerzas Militares para recuperar el control del Bajo Cauca antioqueño.
Durante un informe de esa operación, el propio jefe de Estado admitió que según información de las Fuerzas Militares, habría integrantes del Clan del Golfo que estarían recibiendo la instrucción de mezclarse con la población civil.
“Parece que, en su estilo delictivo, recibieron la indicación de sus jefes de cambiarse, de ponerse de civil y salir como fuera de la zona. Pensamos que había 100 concentrados. Tenían ahí un punto de no retorno que ellos mismos escogieron, y no ha llegado la mayoría de la gente. Es decir, es probable que se hayan disuelto precisamente por el enfrentamiento que no esperaban de las Fuerzas Militares”, dijo Petro.
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De acuerdo con el más reciente informe de calidad de vida del programa Antioquia Cómo Vamos, durante los últimos ocho años el Clan del Golfo ha duplicado su pie de fuerza y ha emprendido una ofensiva que ya lo tiene en 66 de los 125 municipios de Antioquia, que equivalen al 53%.
Por su parte, el ELN y las disidencias de las Farc, que en Antioquia corresponden al Estado Mayor Central, también tienen efectivos concentrados sobre todo en regiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, los puntos en donde las confrontaciones se han intensificado.
Según las autoridades, estas agrupaciones buscan controlar esas zonas sobre todo por hacerse al control de cultivos ilícitos y de yacimientos en los que hay operaciones de minería ilegal.