No todos los premios o reconocimientos son bien recibidos. Eso ha demostrado el cruce de cartas y posiciones entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia. A comienzos de esta semana se conoció que, en Sala Plena, los magistrados decidieron rechazar la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, con la que la Presidencia buscaba condecorarlos argumentando que deben “preservar la autonomía e independencia judicial”.
Se trata de un reconocimiento reservado para las personas jurídicas y demás instituciones que durante un lapso no inferior a veinte años hayan contribuido en forma sobresaliente al progreso o bienestar del país o al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“Me permito dirigirme a usted para informarle que el Gobierno Nacional desea otorgar a la Honorable Corte Suprema de Justicia la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, como reconocimiento a la destacada labor que este órgano jurisdiccional ha desempeñado en beneficio de la Nación desde su creación institucional en 1886. Este homenaje busca resaltar su invaluable contribución a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de derecho”, decía la misiva enviada por Paola Andrea Vásquez, encargada de las funciones del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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El alto tribunal respondió en una carta firmada por su presidente, el magistrado Gerson Chaverra: “la Corte agradece el reconocimiento que se hace a su centenaria labor jurisdiccional. Sin embargo, la Corporación ha decidido no aceptar la condecoración con la que se le pretende distinguir, para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”.
Pero el cruce de carta no se queda ahí, pues no es la primera vez que el Gobierno intenta enviar señales de concordia con las la Rama Judicial, a pesar de las duras posiciones y críticas del jefe de Estado sobre las cortes y los magistrados. Trascendió que el despacho de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se contactó hace más de dos meses con el magistrado Chaverra con el ánimo de condecorarlo con la Cruz de Boyacá, pero el jurista declinó. Aún así, la Cancillería decidió enviar la carta este 9 de diciembre, insistiendo en el reconocimiento.
“La condecoración ofrecida es a la institución, por su trabajo, y porque consideramos que la Corte en ningún momento pone en riesgo su independencia”, le dijo a EL COLOMBIANO una alta fuente de Presidencia. Aún así, insistirán en hacer una condecoración: “La ceremonia se llevará a cabo este sábado (14 de diciembre) en presencia del congresista Gregory Meeks (representante a la Cámara de Estados Unidos por el Partido Demócrata). Respetamos lo dicho por la Corte, y serán condecorados los exmagistrados”, agregó. EL COLOMBIANO consultó con Presidencia el nombre de los exmagistrados que serán condecorados este sábado y los detalles de la ceremonia, pero al cierre de esta edición no han dado respuesta.
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Pero no solo se trata de un acto de independencia judicial o autonomía. Las altas cortes tienen argumentos para distanciarse por el trato que el presidente Petro ha tenido con ellos. Por ejemplo, a principios del mes de septiembre, el mandatario atacó al presidente de la Corte, Gerson Chaverra: “Tenía ayer (jueves 29 de agosto) un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia, creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado porque en un mismo sitio, de una manera condensada en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación. Magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo”.
Inmediatamente agregó: “Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien, pero son negros que se liberan y que hoy, conduciendo la justicia, pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento”.
Y hace pocas semanas, a principios del mes de noviembre, se presentó una polémica cuando José Joaquín Urbano Martínez –magistrado electo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia– envió una solicitud sin precedentes y rompió con la tradición de tomar posesión de su cargo ante el presidente de la República.El magistrado electo el 24 de octubre pasado elevó una solicitud que fue aprobada. En el radicado se leía que Urbano Martínez renunciaba a tomar posesión ante el presidente Petro y que, por el contrario, quería tomar posesión ante la misma corporación que lo eligió, es decir, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la primera vez que un magistrado de la alta corte renuncia a acudir hasta la Casa de Nariño para tomar juramento ante el líder del Ejecutivo.
Además, hace varios meses el magistrado Jorge Enrique Ibañez de la Corte Constitucional había denunciado que su teléfono celular estaría siendo “chuzado”, es decir, interceptado ilegalmente. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) salió a aclarar que el Estado no estaba cometiendo esos actos y que investigaría las denuncias; sin embargo, algunos magistrados siguen teniendo prevención y usan otras plataformas alternativas para llamadas y mensajes.
Según conoció este diario, el manejo sobre esta situación no cayó bien en Presidencia. Tanto con la solicitud del magistrado Urbano como con la negativa del presidente Chaverra, en Casa de Nariño ya tenían todo organizado y veían con buenos ojos que se alzara bandera blanca con la Rama Judicial, pero el puente está quebrado.