Con bombos y platillos, desde la mesa de la cárcel de Itagüí, donde se negocia la paz urbana, calificaron como un éxito el pacto de un mes sin cobrar extorsiones en Medellín y Bello. Sin embargo, salieron a la luz algunas “trampas” que usaron las estructuras delincuenciales para no ver afectadas sus finanzas mientras aparentaban mostrar una voluntad para combatir uno de los principales delitos que afecta la ciudad.
Lo primero que señalaron algunos afectados de los 25 barrios escogidos en la comuna 4 (Aranjuez) y en un sector de Bello es que desde el lunes reiniciaron los cobros en todos los sectores, aunque sin anuncio de algunos retroactivos. De acuerdo con algunas denuncias, esto se hizo porque antes de realizar el anuncio, las estructuras pidieron el “aguinaldo”, y durante la vigencia del mismo hicieron otros cobros con supuestas finalidades navideñas.
“Durante la supuesta suspensión, pasaron cobrando varias cuotas extras como primas de aguinaldo, marranadas, quemas de pólvora y otras más, lo que hizo parecer que todo era para la comunidad, pero no era más que la misma extorsión con distinto nombre”, expresó un residente.
Algunos comerciantes de estas zonas de la ciudad vieron como los cobros incrementaron hasta en $1,5 millones en este mes por cuenta de estas nuevas cuotas, luego de que frecuentemente les pidieran entre $5.000 y $150.000 para todas estas actividades con las que disfrazaban las tradicionales extorsiones navideñas.
Incluso alcanzaron a decir algunos afectados que si no tenían para pagar estos cobros, a los afectados les ofrecerían préstamos con sus propios “gota a gota” para que respondieran con estos requerimientos económicos criminales.
Esta situación contrasta con la versión entregada desde la mesa de paz de Itagüí. Este pacto se anunció el pasado 19 de diciembre en la comuna 4 (Aranjuez), como territorio insignia, zona que es controlada por la banda La Terraza, de la cual uno de sus legendarios cabecillas ha sido durante muchos años José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.
Esto coincidió con la entrada de este histórico cabecilla criminal del nororiente de Medellín a las negociaciones de la paz urbana en la cárcel de Itagüí, al igual que el nombramiento de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional.
Pero más allá del anuncio de no cobrar extorsiones, también se conoció que para algunos sectores económicos estas se mantuvieron bajo las modalidades tradicionales, tales como la obligación de comprar productos específicos, como leche y arepas, que permiten las estructuras delincuenciales o lo que deben pagar los transportadores informales para poder prestar su servicio. “Como en su esencia son ilegales, ¿ante quienes van a denunciar lo que viene ocurriendo?”, expresó otro vecino de la zona.
De acuerdo con las fuentes judiciales, las denuncias ante la línea de emergencias 123 por extorsión en la comuna 4 (Aranjuez) entre el 19 de diciembre y el 17 de enero se incrementaron, si se compara tanto con el periodo entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre del año pasado o entre el 19 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de 2024.
Lo primero es que desde los barrios de esta comuna se reportaron 10 denuncias de extorsión, mientras que un año antes solo se reportaron cinco casos. En el mes anterior al anuncio de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí se reportaron nueve casos.
Después de cumplido este pacto contra la extorsión, desde las primeras horas del lunes pasado reiniciaron las extorsiones que fueron suspendidas, con la misma frecuencia y los mismos valores con los que se hicieron durante este tiempo en el 5% de los barrios de Medellín y el 13% de los de Bello. Y hasta el momento no se habla de buscar hacer un nuevo pacto en otras partes del Valle de Aburrá en las que la extorsión sería mucho más crítica y dejaría mayores rentas a las bandas.
Jorge Mejía Martínez, uno de los líderes de esta mesa de negociación, informó que está a la espera de los resultados entregados por la comisión de seguimiento y con base en estos resultados se buscaría mirar nuevas opciones para hacer pactos similares.
“No se ha considerado inicialmente su prolongación, pero sí ejecutar luego más pilotos”, explicó Mejía sobre esta opción, en la que las bandas dejarían de percibir hasta $100.000 millones al año si se hiciera conjuntamente en toda la ciudad.
Esta medida se tomó en una zona en la que los barrios más afectados por este fenómeno, en cuanto a los establecimientos comerciales, son Sevilla con el 61,1% de los establecimientos, Miranda con el 47,6%, Palermo con el 45,8%, Manrique Central #1 con el 41,6% y La Piñuela y Berlín, ambos con el 37,5%, según un estudio de las universidades de Chicago y Eafit.
Para las residencias, la afectación se presenta en Sevilla con el 38,9% de las propiedades, seguido por Miranda con el 38,1%, San Pedro con el 33,3% y Palermo con el 27,5%. En el resto de los barrios no se supera el 12% de las casas afectadas por este cobro criminal.