La crisis de orden público en Norte de Santander no da tregua. Este lunes se conoció que, en medio de fuertes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, murieron trece personas. Al parecer, son miembros de los grupos irregulares y no hay tropas de las Fuerzas Militares involucradas.
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Según conoció EL COLOMBIANO, ocho de los cadáveres que dejaron los combates fueron trasladados a Cúcuta, mientras que los otros cinco quedaron en la vereda San Vicente de esa región del Catatumbo en la vía que comunica a Ábrego con Ocaña.
En un audio que también conoció este diario, una funcionaria de la zona contó que el momento del levantamiento de los cadáveres estaba siendo monitoreado por miembros del ELN, “quienes no permitieron tomar fotografías”. Así mismo, contó que al momento de levantar los cuerpos fueron subidos a una camioneta rumbo al corregimiento de San Pablo, en un trayecto de dos a tres horas.
Allí mismo, la misma funcionaria dice que “muchos familiares que conocían de la participación de sus familiares en ese grupo armado, pues estaban al tanto de la llegada de sus familiares (sic)” y comenta que los integrantes de la Policía tenía la instrucción de la necesidad de trasladar los cuerpos a Medicina Legal.
“Lamentablemente, yo en ese mismo momento tuve una llamada por parte de una persona que utilizó unos términos demasiado agresivos hacia mí, en los que manifestaba que si esa muerte de su familia lo hubiese ocasionado la fuerza pública, él trasladaría a su familia para que se lo pagaran”, pero que “como no es así, él no iba a exponer a su familia, ni mucho menos, a situaciones de investigación. Entonces, de una manera muy atrevida y grosera me dijo ‘el cuerpo se queda aquí’ y me tiró el teléfono”, dice la mujer.
Al final del audio, explicó que “en el territorio se quedaron tres personas identificadas y que una señora fue trasladada al municipio de Telares y otro joven de nacionalidad venezolana fue recibido por sus hermanas” y los trasladó a una vereda del municipio de Convención.
Esta situación es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación y otros organismos.
Por otro lado, se conoció que en la reunión en donde se habló de estos hechos, se denunció que un grupo de habitantes de calle estaban siendo afectados por la presencia de minas antipersonales en el caso urbano, pero que “en el informe que nos comparte el Ejército es que, con el proceso que se hizo, no pueden dar certeza de que exista o no el explosivo”.
Según cifras de la Gobernación de Norte de Santander, el caos de orden público en esta zona del país ha dejado más de 100 personas muertas y 48.004 desplazados. Entre los fallecidos se encuentran cinco firmantes de paz, dos líderes sociales, tres menores de edad y 32 particulares; así mismo, señaló que 25.011 personas se encuentran confinadas, la mayoría de ellas en Tibú (con 17.733) y Teorama (con 6.000).
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