La vida de un grupo de 22 campesinos del Catatumbo quedó supeditada a un trapo blanco que colgaron de una rama. Estuvieron internados ocho días en el monte y esa bandera improvisada fue la única garantía para decirle a los actores armados que nada tenían que ver con los enfrentamientos.
En la tarde de este 22 de enero, cuando agarraron una pizca de señal en sus celulares, se grabaron y pidieron socorro.
“Queremos pedir que por favor nos ayuden. Soy la presidenta de la vereda Guachimán parte alta (Tibú, Norte de Santander) y hay 22 personas conmigo”, se escuchaba en el pedido de auxilio de la comunidad.
La guerra por el control territorial del Catatumbo entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc provocó la peor crisis humanitaria que se ha vivido en esa subregión en los últimos 15 años: los muertos se cuentan por decenas -subregistros hablan de más de cien- y ya ocasionó el desplazamiento forzado de 42.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.
“Llevamos seis días sin comer. Hemos buscado cómo salir y no hemos podido. Las carreteras están minadas y el ELN está sobre la vía principal. Dos muchachos se atrevieron a salir y los mataron. Preferimos dormir en la montaña, porque ya nos da miedo quedarnos en la casa”, añadió la lideresa.
La guerra en el Catatumbo estaba cantada. Líderes de la región y la Defensoría del Pueblo venían alertando desde noviembre pasado por la creciente tensión entre los elenos y las disidencias: el pacto que tenían de no agresión y de distribuirse el negocio cocalero se rompió.
Así se tomaron el Catatumbo
Mientras la delegación de paz del Gobierno se alistaba para tratar de revivir los diálogos con el ELN en una reunión que habían programado en Caracas, del otro lado, los subversivos movilizaban sus tropas desde Arauca para sumarlas como refuerzo del Frente de Guerra Nororiental.
Información recogida por la Fundación Pares indica que esos ilegales tienen al menos 4.000 hombres desplegados en el Catatumbo para librar la batalla a sangre y fuego con los disidentes. Sabían que en esta zona podían asegurar la victoria bélica.
“Expulsar al Frente 33 de las disidencias del Catatumbo le posibilita al ELN conectar con sus estructuras del sur del Cesar, del Magdalena Medio y el sur de Bolívar”, le dijo a EL COLOMBIANO, Jorge Mantilla, consultor en temas de seguridad, crimen y conflicto.
La reafirmación de Nicolás Maduro como cabeza del régimen venezolano, además, le garantiza al ELN una importante derrama de recursos económicos. Esa guerrilla tiene probada presencia en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas de ese país.
“Ellos han logrado, con la connivencia del gobierno venezolano, desarrollar unas economías muy prósperas en términos de ganadería, acumulación de tierras, extorsión, y están incursionando por ejemplo hacia el arco minero venezolano”, subrayó Mantilla.
El control del Catatumbo, entonces, le permitiría a esa guerrilla transitar cómodamente entre los dos países y asegurar en Venezuela el espacio para descansar, reequipar y reabastecer a sus hombres.
También queda sobre la mesa el hecho de que el ELN puede fungir como barrera de contención frente a cualquier incursión armada de un país extranjero en Venezuela, uno de los temores más grandes de Maduro.
La confrontación en el Catatumbo traspasó los límites del Derechos Internacional Humanitario. Además del masivo desplazamiento, las comunidades han denunciado que los ilegales del ELN buscan puerta a puerta a civiles que -bajo su sospecha- tengan algún vínculo con los disidentes: “La orden es asesinarlos”.
A esa guerrilla se le atribuyó el asesinato de cinco firmantes del acuerdo de paz en la primera semana de la confrontación.
“Hay un propósito en consolidar una base social que sea más favorable para el ELN, esto no solamente tiene que ver con controlar el territorio sino también tiene que ver por ejemplo con fines electorales en términos de las alcaldías locales del Catatumbo, que obviamente es una fuente importante de recursos y de burocracias. Por eso acuden a las amenazas a los firmantes o al desplazamiento masivo”, señaló Mantilla.
La implosión de la paz total
El 27 de agosto de 2022, al recién posesionado presidente Gustavo Petro se le ocurrió la idea de hacer las paces con la mayoría de grupos armados y bandas criminales que operan en el país. Ese pretendía ser el legado de su Gobierno.
Desde su anuncio han pasado 883 días, se abrieron nueve escenarios de conversación y los ilegales no lograron ser seducidos por el discurso de la paz. Por el contrario, la mayoría de ellos empezaron un proceso de expansión y crecimiento en territorio y número de hombres. Ahora el Estado deberá alistarse para atender varios focos de violencia al mismo tiempo (ver gráfico).
Enero todavía no termina y ya se han registrado 18 enfrentamientos entre los armados en al menos cinco departamentos.
En el departamento del Guaviare ya estalló la disputa que estaba advertida entre los disidentes de “Calarcá” e “Iván Mordisco”.
Mientras el Gobierno concentraba sus esfuerzos en la crisis del Catatumbo, los bandos disidentes sostenían una confrontación en el municipio de Calamar (Guaviare) que dejó 20 muertos y un número indeterminado de heridos.
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La Defensoría del Pueblo ya advirtió que esa disputa puede llevar a que se cometa el reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamiento forzado y homicidios de líderes comunitarios. La alertas están encendidas en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta y Guaviare.
En los municipios del norte del Cauca el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco” sostuvieron combates entre el 20 y 24 de enero que dejaron confinadas a las comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Corinto, Toribío y Caldono.
En Arauca, que se pensó iba a ser incluido en el decreto de conmoción interior, se han registrado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN. Durante uno de los choques las fuerzas oficiales encontraron el cuerpo sin vida de Jorge Alberto García Duque, un civil que estaba secuestrado desde el pasado 12 de diciembre.
En Arauca el ELN también la emprendió contra los firmantes de paz. El pasado 6 de enero secuestraron a Ricardo Ramos y a cinco miembros de su familia. Fueron liberados dos días después.
En Chocó hay tensión por la posibilidad de que se desaten enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y el Clan del Golfo. Durante 2024 hubo dos paros armados que generaron el confinamiento de 45.000 personas.
“Hay una percepción de los diferentes actores de la paz total y es que el tiempo se agotó y que estos procesos de paz al final no van a llevar a ningún lado. Más allá de que existan acuerdos o no, la implementación está en duda justamente por la incertidumbre que traen las elecciones del 2026”, añadió Mantilla.
En el decreto de conmoción interior el Gobierno reconoció que desde 2021 -con el descenso en los precios de la hoja de coca- hubo una suerte de tregua entre las organizaciones armadas para repartirse el negocio y permitir la entrada de compradores a los territorios. Pero advirtió que desde finales del 2024 los precios en el mercado ilícito empezaron a recuperarse y el pactó se terminó: los armados saben que hay oportunidad de crecimiento y de acaparar más ganancias.
“Los grupos armados dependen cada vez más de economías ilícitas regionales y les cuesta generar una suerte de coordinaciones a nivel nacional o mantenerse unidos. Esos procesos de fragmentación van a continuar y eso, justamente, va a tener un enorme impacto humanitario”, añadió Mantilla.
La conmoción interior para el Catatumbo busca que el Gobierno acceda a recursos fiscales extraordinarios y, para ello, recurrirá a nuevos impuestos y a modificaciones al Presupuesto General de la Nación.
Esa liberación de los recursos serán para financiar a la Fuerza Pública en sus labores de restablecimiento del orden público y, por otro lado, para inyectar recursos en proyectos y programas sociales para el Catatumbo.
Es que el estallido de los conflictos llegó en un momento en el que la Fuerza Pública enfrenta desafíos. Los recortes del Presupuesto General también los tocó.
En total, la reducción fue de $687 mil millones para el sector defensa y Policía, entre funcionamiento e inversión, correspondiente al Presupuesto de 2024.
El despliegue de la Fuerza Pública para obtener una ventaja militar sobre los armados es una opción que, parece, el Gobierno no está dispuesta a contemplar. Las labores en Catatumbo demostraron que optarán por la contención y salvaguardar a los civiles que resulten amenazados.
“El gobierno va a intentar negociar donde se pueda con quien se pueda y poder de alguna manera hacer unas desmovilizaciones parciales para mostrarlas como una suerte de éxito de la paz total. Por ahora no hay capacidad para pasar a la ofensiva militar y ese tampoco es el estilo del Gobierno”, puntualizó Mantilla.