En tan solo una semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus operaciones deteniendo a, por lo menos, 5.000 inmigrantes indocumentados y emitiendo 1.797 órdenes de captura.
Solo el domingo pasado, 965 personas fueron detenidas y se emitieron 554 órdenes de captura, un récord para una sola jornada. Desde el 23 de enero, ICE ha publicado diariamente estos datos como parte de la nueva estrategia del Gobierno de Trump para hacer cumplir con más rigor las leyes de inmigración.
Las autoridades afirman que estas detenciones se justifican bajo la premisa de que “existe una causa probable para creer que la persona arrestada puede ser deportada de los Estados Unidos según la ley federal de inmigración”. Además en un reciente anuncio realizado por la portavoz de la Casa Blanca, aseguran que “los migrantes son criminales, puesto que entrar indocumentado a un país es un acto ilegal”.
Los últimos días de enero han sido los días con las mas grandes redadas, el 25 de enero hubo 286 arrestos y 421 órdenes de detención; el 24, se registraron 593 detenciones y 449 órdenes; mientras que el 23 de enero se totalizaron 538 arrestos y 373 órdenes de detención.
Además del refuerzo en la frontera con México, donde se han realizado importantes detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional autorizó los arrestos en lugares considerados previamente seguros, como escuelas e iglesia lo que ha ocasionado que las detenciones incrementen su número drásticamente.
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Ya son decenas de vuelos con migrantes detenidos los que Estados Unidos ha enviado a diferentes países de América Latina. En caso de que los países no quieran recibir a los deportados, Trump ya tiene previsto todo un esquema de acciones. Por un lado están los paquetes de sanciones como los que impuso a Colombia, por otro, también ha estado en negociaciones con El Salvador para establecer un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar inmigrantes de terceros países, incluyendo presuntos miembros de bandas criminales.
Como si no fuera poco, el Gobierno estadounidense emitió una nueva medida que golpea duramente a los venezolanos, y ha revocado una extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que había sido otorgada por el expresidente Joe Biden a más de 600.000 venezolanos.
Según informó The New York Times, la orden, firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anula la prórroga de 18 meses del TPS que Biden había aprobado el pasado 10 de enero. La decisión deja a cientos de miles de venezolanos en situación de riesgo, ya que no podrían evitar la deportación y sus permisos de trabajo, que estaban garantizados hasta octubre de 2026, quedarían anulados.
Las políticas migratorias de Trump se han venido endureciendo cada vez más, en medio de un plan que según él, va a expulsar a millones de migrantes indocumentados de su país.