Las alarmas en la Universidad Nacional están encendidas por cuenta de un contrato que, parece, está minado de irregularidades y falta de transparencia. Se trata del proceso –que está a punto de finalizar– para garantizar los servicios de seguridad en las nueve sedes de esa institución.
El proceso de contratación fue publicado el 20 de diciembre del año pasado, cuando la mayoría del personal administrativo estaba saliendo de la oficina rumbo a las vacaciones. Eran las 5:24 de la tarde. El monto de dicho proceso es de $98.614 millones de pesos y solo una empresa se postuló para quedarse con el contrato.
“Por diferentes fuentes, y en ausencia de los mecanismos de publicidad tanto efectivos como obligatorios, he sido enterado de la inminente materialización del riesgo de eventuales hechos que conlleven a hallazgos de tipo penal y fiscal por entes de control”, se lee en una carta que envió el profesor Diego Torres, representante de los profesores ante Consejo Superior Universitario.
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La misiva fue enviada al ministro de Educación, Daniel Rojas y al rector de la Universidad, Leopoldo Múnera. En la comunicación se advierte que la apertura del proceso solo se publicó en la página web de la universidad y que nunca se subió al SECOP II, plataforma de publicidad obligatoria en todos los proceso de contratación pública.
El proceso –que habitualmente toma más de tres meses y recibe varios oferentes– se cerró en menos de 30 días y solo cuando se presentó una única postulación: la de la Unión Temporal Alianza Segura, confromada por las empresas Detección Seguridad Privada LTDA y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada.
Empresas que tuvieron interés en participar en el proceso afirmaron que tuvieron que desistir. Las condiciones que puso la Universidad, al parecer, estaban diseñadas para que la unión temporal en mención tuviera el camino despejado de competidores.
“Condujeron a que solo se presentara una Unión Temporal el día 20 de enero de 2025, en razón a que muchos de los términos se consideraban desproporcionados, al igual que algunos de ellos inobservaban la normativa del sector vigilancia y seguridad privada de Colombia”, se le en una queja que radicó Fabio Amada, representante legal de Seguridad Montevideo, una empresa que quería participar del proceso.
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La denuncias que se empiezan a conocer señalan que las condiciones exigían, por ejemplo, demandas de infraestructura que no venían al caso y sobrecalificación del personal.
“Nuestra empresa, como muchas otras empresas, desistieron de presentar su propuesta en razón a estos requerimientos, que difícilmente podrían cumplir las empresas de este sector, generando un manto de dudas respecto al pliego de condiciones, sin pretender insinuar que en este caso estamos ante una especie
de “pliego sastre” en beneficio de algún oferente”, añadió Amado en la queja que conoció EL COLOMBIANO.
De hecho, varias empresas enviaron oficios a la Universidad señalando las aparentes inconsistencias respecto a las exigencias del pliego de condiciones, pero –afirman– nunca fueron tenidos en cuenta.
“Es también de especial observancia que solo una Unión Temporal se haya presentado a la oferta económica, lo que no permite una rigurosa pluralidad de oferentes para la asignación de este contrato de tan alto valor”, advirtió John Henry Neira, representante legal de Zona de Seguridad LTDA, otra empresa que tuvo interés en presentarse.
El representante de los profesores solicitó que sea citado un Consejo Superior Extraordinario con el único objetivo de tratar este tema. Envió copia de su denuncia al Ministerio de Educación.
Este 27 de enero, relató el profesor Torres, la rectoría se comunicó con él para afirmarle que se había modificado el calendario de este proceso contractual y que enviaron el caso a control interno para realizar las observaciones.
“El problema es que son recursos públicos, y tienen que manejarse con extrema eficiencia y con extrema transparencia. La universidad ha sido muy rigurosa en sus procesos públicos. Y es algo que debemos mantener”, puntualizó el profesor Torres.