En un hecho que podría cambiar el rumbo de la tregua en Gaza, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, confirmó que una lista presentada por Hamás reveló que ocho de los 33 rehenes israelíes que iban a ser liberados en las próximas entregas, están muertos.
La liberación de estos rehenes hace parte de la primera fase del alto el fuego que se pactó el 19 de enero y las listas de liberados fueron estipuladas de acuerdo a las condiciones y calidad de los detenidos. Las siguientes entregas tenían como fecha inicial el jueves y el próximo sábado, aunque ahora las condiciones podrían cambiar, pues si bien Hamás dijo que entregaría los cuerpos de estas personas, al Gobierno israelí le ejercen presión para que solicite que se entreguen personas vivas en esta primera fase del intercambio.
El acuerdo inicial estipula la liberación de 33 rehenes israelíes y a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos antes, acuerdo que se cumpliría antes de principios de marzo. Sin embargo, son al menos unos 90 israelíes que permanecen en cautiverio, y ahora, tras la reciente información, las autoridades israelíes creen que entre un tercio y la mitad de ellas podrían haber muerto durante el ataque del 7 de octubre o en los meses posteriores.
En Israel, el intercambio de prisioneros ha polarizado a la sociedad. Y hay sectores políticos que consideran que ceder a las demandas de Hamás sin tener garantías de la seguridad de los rehenes, compromete la seguridad nacional. El proceso de tregua en Gaza sin duda ha generado un remezón al interior del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Una figura clave como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, general Herzi Halevi, ya presentó su renuncia y prefirió hacerse responsable por “el desastre” que ocurrió el 7 de octubre.
Mientras tanto, las familias de los rehenes cautivos han intensificado sus protestas frente a la residencia de Netanyahu, exigiendo que se garantice la liberación de todos los detenidos por Hamás.
La situación se torna más compleja de lo que parece, especialmente ahora que Israel solicitó a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) que retiraran en menos de 48 horas a todo su personal del territorio de Israel.
“Israel pondrá fin a toda colaboración, comunicación y contacto con la UNRWA y con cualquiera que actúe en su nombre”, informó un portavoz del Gobierno de Netanyahu al secretario general de la ONU. Según el documento que enviaron “la decisión no se ha tomado a la ligera ni rápidamente. No es una decisión política. Es una decisión necesaria”.
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La drástica decisión que ha encendido alarmas en la comunidad internacional y en los garantes del cese al fuego, estaría fundamentada en información que tendría la inteligencia de Israel que vincula a miembros de la UNRWA con miembros de Hamás, y que además, estos habrían cooperado para que ocurrieran los ataques del 7 de octubre.
El anuncio de Israel es visto como un punto problemático en varias vías. El director de la organización asegura que el “ataque incesante contra la UNRWA pone en riesgo las vidas y el futuro de los palestinos en el territorio palestino ocupado”, suponiendo que podría tratarse de una estrategia para mantener el control sobre parte de Gaza.
Por otro lado, está el futuro de la tregua. Hamás ha condicionado la liberación de los rehenes restantes al fin de la guerra y al levantamiento del asedio de Israel en Gaza, lo que incluye el retorno de los cientos de miles de palestinos que debieron desplazarse por los enfrentamientos. Punto en el que es fundamental la presencia de la UNRWA.
El lunes 17 de febrero comenzarán las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego, que promete ser más compleja. Y si bien Hamás ha mostrado disposición a dejar el control político de Gaza, una de las principales preocupaciones de Netanyahu, ha indicado que podría participar en un gobierno futuro, algo que Israel rechaza tajantemente.
Además, se espera que las negociaciones incluyan un plan de reconstrucción para Gaza, con financiamiento internacional, aunque se espera que se hagan estrictos controles para evitar que los recursos sean utilizados por Hamás.