A solo diez días de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ya comenzó a imponer su visión de gobierno con mano dura y enfrentándose a toda crítica, tanto al interior de su país como en el exterior.
La reciente crisis diplomática con Colombia, sumado a la decisión de Trump de suspender todas las ayudas internacionales durante 90 días, ha generado sin lugar a dudas afectaciones en el país. Esta suspensión de las ayudas, se hace, según el Gobierno americano, con el fin de dar revisión a la finalidad de esos recursos y que no se inviertan en programas que no sean acordes a sus fines políticos.
En la mañana de hoy jueves, surgió la inquietud por la posible suspensión de la flota de helicópteros militares tipo Black Hawk que hay en el país. Tanto las unidades que tiene la Policía Nacional como las que tiene el Ejército. EL COLOMBIANO se puso en contacto con ambas instituciones y logró dar claridad sobre los hechos.
De 14 de estos helicópteros Black Hawk que tiene la Policía Nacional, 10 son propiedad de la institución y 4 de estos pertenecen al programa con Estados Unidos. Según informó la Policía Nacional, de acuerdo a la intención del Gobierno Trump de pausar durante 90 días los programas de asistencia, son cuatro aeronaves las que se verían limitadas para operar.
Para el Ejército Nacional, la situación es diferente. Esta fuerza cuenta con una flota total de 53 de estas aeronaves; sin embargo, sí hay unos vínculos contractuales que pudieron haber afectado el uso de los Hawk. Una fuente de esta entidad le confirmó a EL COLOMBIANO que las aeronaves cuentan con unos contratos de “convenios marco de operación” que establece el Gobierno colombiano con el norteamericano para garantizar la operación, mantenimiento y stock de municiones, fundamentales para operaciones de inteligencia y defensa. Pero aseguró que dichos contratos ya están en ejecución y tienen vigencia para todo el 2025.
Otro revés al que también se enfrenta el curso de la paz en Colombia a raíz de el congelamiento del recurso, es la suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz y la lucha contra el narcotráfico.
La decisión, anunciada cuatro días después de la toma de posesión, deja en el limbo más de 420 millones de dólares anuales que llegaban al país para fortalecer la reforma rural, la justicia transicional y la reparación de víctimas del conflicto armado.
El comunicado que fue enviado a todas las embajadas dejó claro que el recorte afectará a todos los destinatarios de la ayuda internacional, con excepción de aliados estratégicos como Egipto e Israel, que seguirán recibiendo apoyo, aunque con un enfoque militar.
Para Colombia, la Usaid congeló de inmediato los recursos destinados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos entidades fundamentales para la implementación del Acuerdo de Paz.
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Uno de los programas más afectados es la formalización de predios rurales, que tenía un convenio de 40.000 millones de pesos para apoyar los procesos de titulación de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afros. Sin estos fondos, la ejecución de proyectos de regulación de tierras en zonas como Catatumbo, Cauca y el Putumayo queda en entredicho.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también sufrieron un golpe, pues de esos paquetes venían recursos para apoyar a comunidades en Tolima, Buenaventura, Meta, Guaviare y la Costa Caribe quedaron congelados hasta nuevo aviso.
Y luego está el programa de reparación colectiva de víctimas de la JEP. Esta iniciativa buscaba fortalecer las redes de víctimas y apoyar con recursos el desarrollo de medidas de justicia restaurativa. Programa que, de acuerdo a las narrativas del Gobierno Trump, tenga difícil la opción de volver a recibir apoyo financiero. Si bien la JEP aún cuenta con apoyo financiero de países europeos, la salida de USAID representa un golpe significativo para el fondo de cooperación internacional del tribunal.
La última palabra sobre el futuro de estos fondos la tendrá la embajada de Estados Unidos en Bogotá, que deberá realizar una evaluación en los próximos 120 días para determinar qué proyectos podrían seguir recibiendo apoyo bajo los nuevos lineamientos de la administración Trump.
El Departamento de Estado revisará el informe que presenten los funcionarios en Colombia y decidirá si alguna iniciativa se ajusta a los intereses del nuevo Gobierno.
La decisión de la administración Trump no solo afecta a Colombia. La medida también se ha aplicado en otros países de América Latina, África y Medio Oriente que dependían de la cooperación de USAID para programas de seguridad, educación y salud. Sin embargo, las crecientes diplomáticas entre Bogotá y Washington, hace que un visto bueno para el apoyo a los programas sea puesto en duda.