“Mi preocupación es demasiada. Ya no duermo”. A doña Manuelita Cáceres le cuesta cada vez más contener el llanto. Lo intenta, pero el dolor que solo entiende una madre a quien le falta un hijo la sacude, debilita su espíritu y le ahoga las fuerzas. Ha pasado casi un mes desde la última vez que supo algo de Brayan Navarro Cáceres, el menor de sus hijos –de 28 años– quien fue retenido en Venezuela días antes de la cuestionada posesión del presidente Nicolás Maduro.
Hoy su familia teme lo peor: que a Brayan, como a otros 11 connacionales que permanecen detenidos en el vecino país, lo hayan señalado de ser un conspirador que busca desestabilizar a Venezuela –el mentado argumento del régimen para perseguir opositores– y que hoy haga parte del ramillete de encarcelados bajo las peores condiciones.
No sería un hecho aislado. Según cálculos de la ONG Foro Penal, hoy se cuentan 1.408 presos políticos en Venezuela y solo en los primeros días de 2025, previo a la toma ilegítima de poder por parte de Maduro, 75 personas fueron detenidas por “razones políticas”.
“Él se fue a pasar año nuevo con nosotros en Pueblo Bello (César) y regresó a Venezuela el 5 de enero. El 6 de enero, por medio de WhatsApp, nos informó que fue bajado por la Guardia y que estaba retenido. Hasta el sol de hoy no hemos sabido nada de él, mi hijo está desaparecido”, narra con las fuerzas que le quedan doña Manuelita.
A mediados de enero fue el propio presidente Gustavo Petro quien reconoció que en Venezuela permanecían retenidos 12 colombianos “en el marco de las elecciones y las post elecciones”. A la postre, se conoció que en ese grupo de privados de la libertad figuraba Brayan, pero la pregunta que sigue agobiando a sus familiares es por qué, pues lejos de ser un mercenario obsesionado por derrocar a Maduro, es un joven que buscó oportunidades en Venezuela para sacar adelante a su hija, de apenas nueve años.
“Él llevaba tres meses laborando en Venezuela. Allá era chófer de un colombiano que también es oriundo de Pueblo Bello. Todos somos de Pueblo Bello, en César. Él nunca había salido de su pueblo. Brayan vino a Colombia el 30 de diciembre para pasar festividades de fin de año con su familia y el 5 de enero se regresó. Él se fue por tierra (...) Su pecado o su delito fue creer que había un mejor futuro en Venezuela”, explica entre sollozos Yarileinis Navarro, tía de Brayan.
Según sus familiares, mientras se movilizaba en un vehículo de transporte público, al colombiano lo detuvieron durante un retén de la Guardia Venezolana a la altura de Puerto Cabello, en el estado de Carabobo. Desde entonces, no se supo más de su paradero.
“Le faltaban 40 minutos para llegar a Valencia, donde trabajaba, pero se comunicó con el tío y el papá. Les contó que había un retén. Le pidieron el pasaporte, el documento –él entró al país legalmente– y le hicieron preguntas. Pero el bus se fue y lo único que le dijeron fue que por ser colombiano, por ser extranjero, no podía seguir. Luego ya no supimos nada más de él”, agrega Yarileinis.
Los chats que Brayan cruzó con sus familiares evidencian su desesperación: “Me tienen aquí todavía preguntando cosas (...) me tiene la ley aquí. No me dejan responder (...) Estoy esperando que me dejen ir. Aquí tengo como media hora ya parado. Ya hasta el bus se fue”.
Justo habían pasado 10 días sin saber nada de Brayan cuando el mensaje del presidente Petro abrió una luz de esperanza para su familia. Desde su tribuna favorita –la red social X–, el mandatario le pedía al régimen que liberara a los detenidos en Venezuela como camino hacia “la paz en las Américas”. Sin embargo, la respuesta de las autoridades de ese país fue un portazo a su fe.
En un duro pronunciamiento, el fiscal venezolano Tarek William Saab le pidió a Petro ocuparse “de los graves problemas de Colombia”, advirtiendo que los de Venezuela les correspondía atenderlos a ellos. En su comunicado, Saab señalaba que su país seguía amenazado “por criminales grupos narco/paramilitares”, al tiempo que recordaba que supuestos mercenarios fueron contratados “para desencadenar un baño de sangre” en Venezuela.
Se trata de señalamientos que, en el caso de Brayan –insisten entre lágrimas sus familiares–, no tienen sustento alguno. “Si nuestro canal es el Presidente y le dan una respuesta de esas, nos sentimos totalmente perdidos”, dice doña Manuelita. Lo más angustiante, advierten, es que no han tenido respaldo ni auxilio de las autoridades colombianas y el clamor del presidente Petro solo se quedó en otro trino.
“Hemos hecho derechos de petición a las diferentes entidades como Cancillería, Embajada, consulado, Defensoría del Pueblo, Presidencia... hemos tocado todas las entidades habidas y por haber. No sabemos si está vivo o muerto, o en qué condiciones puede estar. Nos han contestado solamente los radicados”, agrega la tía de Brayan.
Inclusive, la familia resolvió enviar a allegados a Caracas para consultar en cárceles y cuarteles cualquier información sobre Brayan; sin embargo, siguen sin obtener respuesta y ante su insistencia hubo quien les comentó que tenían que esperar 45 días hábiles, pues el caso estaba en investigación. “Nadie da razón”.
EL COLOMBIANO intentó obtener un pronunciamiento de la Cancillería sobre las gestiones alrededor del caso de Brayan y los demás detenidos en Venezuela, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.
No obstante, este diario conoció que desde la Embajada de Colombia en Venezuela sí se envió una nota formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para averiguar por el estado de Brayan, los eventuales delitos por los que estaba preso, su sitio de reclusión y el tribunal que lleva su caso. El silencio persiste.
A doña Manuelita la llena de esperanza la reciente liberación de seis ex reos estadounidenses en Venezuela tras la visita de un enviado especial del presidente Donald Trump. Por ello, aboga por un diálogo entre mandatarios. Además, clama que la llegada de Laura Sarabia como nueva canciller implique un viraje en favor de los colombianos retenidos. Pero su cuestionamiento sigue siendo el mismo: “¿Cuándo sueltan a mi pelao’?”.
La familia de Brayan Cáceres advierte que otro factor juega a su favor: es un miembro de la comunidad indígena arhuaca. Por ello, es sujeto de protección especial.
En paralelo, siguen realizando manifestaciones y protestas pacíficas para llamar la atención de las autoridades. Además de una movilización por las calles del pueblo el pasado 24 de enero, el viernes 31 lideraron una velatón para insistir en su liberación o, cuando menos, una respuesta sobre su paradero.
“Si él está detenido se le están violando todos los derechos humanos. No le han permitido ni una llamada”, concluye su tía.