Hasta el 31 de enero del 2024 trabajó en la Presidencia el cuestionado asesor Jaime Ramírez Cobo. Se trataba de uno de los funcionarios más cercanos de Laura Sarabia, que dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este diario conoció que la relación es tan cercana que Ramírez fue el padrino de matrimonio de la hoy canciller.
Sin embargo, habría sido la propia Sarabia quien le solicitó la renuncia hace varias semanas. Concretamente, antes de que se conociera que la Fiscalía lo citó a interrogatorio el pasado 22 de enero.
Pero no tendría que ver con un cuestionario directo a sus funciones, sino porque sin Sarabia en Presidencia, dicen fuentes consultadas, Ramírez quedaría sin protección. Para dirigir el Dapre llegó Jorge Rojas, quien era vicecanciller, y de la confianza del presidente Petro.
Ramírez Cobo era asesor del Dapre y ejercía funciones de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
Hace varios meses se conoció que había escrito en varias oportunidades al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y a la secretaria de Olmedo López, presionando para agilizar por lo menos tres contratos en Córdoba, Bolívar y Arauca por 92.000 millones de pesos.
De acuerdo con los chats, la firma de esos proyectos era urgente para que “no se caigan los créditos de la Nación”, escribió el asesor al exsubdirector Pinilla, hoy al ad portas de la cárcel para que pueda conseguir un principio de oportunidad con la Fiscalía.
La gestión de Ramírez fue tan exacta que logró poner en contacto a Pinilla con el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este último le escribió al exsubdirector que estaba preocupado “por los proyectos viabilizados” que no se habían suscrito.
Los contratos eran necesarios, según el funcionario presidencial, para que se aprobaran unos créditos que el Gobierno necesitaba como deuda y que tenían que pasar por la aprobación de una comisión que revisaba los temas de endeudamiento del país.
En agosto del año pasado, se produjo un nombramiento que pasó relativamente desapercibido.
La abogada Daniela Andrade Valencia, salpicada en el escándalo de la Ungrd, aterrizó como notaria 36 de Bogotá. Andrade es pareja de Ramírez Cobo.
Los ingresos de Andrade, según fuentes, estarían en alrededor de los 70 millones de pesos mensuales y la Notaría 36 factura, sin incluir el pago de nómina y otras responsabilidades de ley, más de 350 millones de pesos. Es una Notaría de primera categoría, está ubicada en el centro de Bogotá cerca a varias sedes del poder y, por tanto, se considera un “premio” ese nombramiento.
Antes de llegar a ese cargo, Andrade fue vicepresidenta de contratación derivada en la Fiduprevisora hasta el pasado mes de junio, pero llegó en septiembre de 2023 bajo la administración de Mauricio Marín, quien salió de la entidad en medio del fracaso de la implementación del modelo de salud para los maestros y por peleas con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El exdirector Marín le dijo a EL COLOMBIANO que llevó a Andrade a ese cargo porque la conocía desde hacía años en la universidad y tenía una hoja de vida completa y preparada para esas funciones. Pero por las manos de Andrade pasaron por un corto tiempo los recursos que estaban a cargo de la UNGRD con origen en la Fiduprevisora, pues firmó los pagos de los $46.800 millones de pesos en sobrecostos de los carrotanques.
Cuando se hizo público el nombramiento de Andrade en la Notaría 36 de Bogotá, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa en la red social X: “Me gustaría saber en dónde ha sido mencionada la señora Daniela en las investigaciones sobre Olmedo López. Tengo mucho que criticar a la Fiduprevisora, pero su relación con la UNGRD es de simple girador pasivo y no interviene en los procesos de contratación de la UNGRD”, señaló el jefe de Estado.