Este 6 de febrero se reanudará ante la Justicia el caso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Se hará con la audiencia de formulación de acusación contra el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, así como contra los funcionarios Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo.
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EL COLOMBIANO conoció un documento que la fiscal del caso, María Cristina Patiño, le envió al juez cuarto penal especializado de Bogotá —que lleva el proceso— en el que hizo una serie de correciones y adiciones al escrito de acusación que había presentado en noviembre pasado, a raíz del preacuerdo que celebraron los arriba mencionados con la Fiscalía.
El archivo, fechado este 5 de febrero, menciona nueve modificaciones. La primera señala que se eliminará el delito de peculado por apropiación agravado (robar plata pública), en razón de que fue objeto del preacuerdo suscrito entre López, Pinilla, Barreto y Rodríguez con el ente acusador. El segundo, menciona la adicionó al procurador 23 judicial II penal, Raúl Gutiérrez Zambrano, al proceso.
Por su parte, en el numeral tres dice que se elimina al senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi Flórez, porque “el congresista no hace parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”. Entre tanto, el punto cuatro precisó que “la acusación por el delito de concierto para delinquir (ponerse de acuerdo varias personas para cometer un crimen) agravado solo se dirige en contra del procesado Luis Carlos Barreto Gantiva, en tanto dicho reato fue objeto del respectivo preacuerdo en el caso de los demás procesados”.
En el quinto punto añadió que sobre los delitos de falsedad en documento privado (alterar elementos o requisitos esenciales) y falsedad ideológica en documento público agravado (falsificar un documento con la intención de que parezca autentico) por el uso “no se incluye a Luis Eduardo López Rosero (alias “El Pastuso”), puesto que estos fueron objeto” del preacuerdo celebrado con la Fiscalía.
En sexto lugar, la fiscal precisó que los hechos que configuran el delito de peculado por apropiación, en favor propio y de terceros, fueron parte del preacuerdo que hicieron López, Pinilla, Barreto y Rodríguez.
Por otra parte, el numeral siete señaló que corrigió los señalamientos hechos sobre la orden de proveeduría SMD-GS-BM-233-2023 (que tenía como objeto la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua potable con accesorios para el departamento de la Guajira), así como que adicionó la orden de proveeduría SMD-TQN-GS-237-2023 (para la adquisición de otros tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua potable con accesorios para el departamento de la Guajira).
Con esto, dice el documento, se completan “ocho órdenes de proveeduría y contratos, como fueron relacionados en el escrito de acusación en el apartado correspondiente a los ‘hechos jurídicamente relevantes del delito de interés indebido en la celebración de contratos’”.
El número ocho adicionó 13 medios de conocimiento, documentos e información legalmente obtenida, entre los que se encuentran el mismo número de informes de investigador.
Finalmente, la fiscal le informó al juez en el punto nueve que hay otros 10 informes de investigador que aún se encuentran pendientes de ser entregados al ente acusador y que serán allegados después.
Vale recordar que este caso marcó el, hasta ahora, escándalo de corrupción más grande en el Gobierno de Gustavo Petro, pues además de involucrar al contratista y a los funcionarios de la UNGRD antes mencionados, tiene en líos con la justicia a nueve congresistas, así como una imputación formal y una confesión. Por este hecho, han salido por lo menos cuatro altos funcionarios del Ejecutivo y hay riesgo de la cárcel para otros varios de ellos.
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