Una compleja operación de narcotráfico entre Colombia y Líbano, para financiar las actividades terroristas del grupo Hezbolá, ajustó dos décadas ejecutándose con el conocimiento de las autoridades, pero sin que hasta ahora nadie hiciera nada para arrestar a los responsables.
En 2014, el entonces jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, le entregó un informe confidencial a dos de las agencias de seguridad más importantes del mundo: la DEA estadounidense y el MI6 de Reino Unido.
“Encontramos exportaciones de ganado lleno de cocaína a Líbano. En esa época estaba en curso la investigación Casandra, que demostraba el financiamiento de Hezbolá con la cocaína de Colombia. Las Farc movían armas y cocaína que era esencial para el sostenimiento de Hezbolá en Líbano. Ahí había un exdirector de la Dian metido”, recordó Ortega en una entrevista con EL COLOMBIANO.
Según los hallazgos, los narcos y contrabandistas estaban aprovechando – y hoy lo siguen haciendo – las exportaciones de ganado para contaminar los embarques con cocaína, en especial aquellos con destino a África y el Medio Oriente. Datos recientes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) precisan que entre 2020 y 2023, por ejemplo, de los 1’093.922 bovinos exportados, el 57% iban para Egipto y el 18% para Irak, por lo que se trata de un mercado voluminoso y en aumento, que hace más fácil para los delincuentes camuflar su mercancía.
Solo el 26 de enero de 2023 se reportó la primera interdicción, pese a que las agencias estaban prevenidas hacía mucho tiempo. En el puerto Las Palmas de Gran Canaria, en España, fue requisado el buque Orión V, que hacía la ruta entre Cartagena y Beirut (Líbano), con 1.750 cabezas de ganado; en los corrales, las autoridades decomisaron 4,5 toneladas de cocaína.
La droga pertenecía a varios narcos, algunos de ellos integrantes del Clan del Golfo, según fuentes policiales, pero el principal sospechoso de coordinar la logística fue Diego Marín Buitrago, el zar del contrabando, el innombrable “Papá Pitufo”, cuyo apodo retumba en los corrillos del Palacio de Nariño, luego de que se confirmara que trató de penetrar la campaña presidencial de Gustavo Petro con sus dineros calientes.
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Desde el pasado diciembre está en una prisión de Portugal, donde pidió asilo político, tratando de evitar la extradición a Colombia. ¿Pero por qué, si su nombre aparecía en los informes que la Dian le entregó a la DEA y al MI6 en 2014, solo hasta ahora las autoridades se fijaron en él? ¿Cómo hizo para permanecer tanto tiempo a la sombra?
El general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), dijo en una conversación con este diario: “‘Pitufo’ fue informante de la DEA y organizaba bacanales, tours y viajes en yates y aviones en el Caribe y Europa, en los que participaban agentes federales de Estados Unidos y funcionarios colombianos y extranjeros. Se ufana de haber controlado a la Polfa, la Dian, la Fiscalía y los puertos de Buenaventura y Cartagena por más de 24 años”.
Fue esa red de funcionarios la que protegió a “Papá Pitufo” todo este tiempo, permitiéndole que, bajo la fachada de ser uno de los principales comerciantes de textiles del país, orquestara la logística para exportar toneladas de cocaína a través de terminales marítimos, e importara precursores químicos para cocaína, armamento y contrabando de toda clase de mercancía.
Uno de los servidores que debía atraparlo, pero terminó enredado en su red, fue José Ismael Irizarry, un agente especial de la DEA que trabajó en Cartagena entre 2011 y 2017.
“Papá Pitufo” se le acercó en calidad de informante, contándole los detalles del negocio, y con el tiempo lo sedujo con sus lujos y dinero, a tal punto que logró convertirlo en su socio. Irizarry y su esposa Natalia Gómez terminaron usando 9 millones de dólares de los fondos de la DEA para operaciones de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Al exagente lo condenaron en 2021 a 12 años de prisión en EE.UU., y su mujer pagará otros cinco. En su confesión, Irizarry delató a otros colegas de la División de Miami de la DEA, los cuales siguen activos. Además de dicha protección en la zona portuaria de Cartagena, “Papá Pitufo” ha tenido respaldo en Buenaventura (Valle), el terminal que mueve el 60% del comercio marítimo de Colombia.
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Desde allí no solo se embarca la cocaína hacia Centro y Norteamérica, sino que llegan el contrabando y los insumos químicos desde Panamá y China, para luego ser distribuidos por tierra y ríos a las áreas de comercio ilegal y cultivos de coca (ver la infografía).
Entre los funcionarios corruptos detectados está Ramiro Anturi Larrahondo, quien tiene el triste récord de haber sido el primer fiscal colombiano extraditado a EE.UU. En 2012 fue sentenciado a 4 años de prisión en la corte del Distrito de Columbia, donde confesó que recibió $21 millones mensuales para cooperar con los traquetos que usaban el puerto de Buenaventura.
En 2019 cayó Ómar Ambuila, jefe de Control de Carga de la Dian en dicho puerto, por recibir sobornos para permitir el contrabando. Fue extraditado y está a la espera de una sentencia por lavado de activos ante la Corte de Tampa.
En 2024 fueron arrestados otros sospechosos de favorecer los negocios de “Papá Pitufo” en Buenaventura: Francisco Martínez Ardila (“Pacho Malo”), excoordinador del CTI en esa zona; el coronel (r) Alexánder Galeano Ardila, por supuestamente reclutar a policías para la banda; y el mayor Mario Andrés Sarmiento, de la Polfa, presunto coordinador de transporte terrestre de la mercancía. Los tres se declararon inocentes.
Se presume que en la nómina de “Papá Pitufo” hay muchos más servidores públicos implicados. Deben estar rezando para que no cuente todo lo que sabe, para que, al estilo del ganado contaminado con cocaína para Hezbolá, no diga ni “mú”.